Unos 200.000 salvadoreños que residen e los Estados Unidos como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) esperan en vilo la decisión que debe tomar el Gobierno de EE.UU. a más tardar hoy sobre este amparo migratorio.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kirstjen Nielsen, tiene en sus manos la cancelación o renovación del TPS de los salvadoreños.
El Gobierno de Donald Trump ha anunciado durante su primer año de mandato la cancelación del programa DACA que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados llegados en la infancia, a partir de marzo próximo, y los TPS de nicaragüenses y haitianos, a partir de enero y julio de 2019, respectivamente.
De igual forma, revisará el otorgado a unos 60.000 hondureños en julio próximo, cuando vence una extensión de seis meses que les otorgó.
En el caso de los salvadoreños, el TPS ha otorgado permiso de trabajo y exención de deportación a 262.528 ciudadanos, algunos de los cuales han logrado legalizarse permanentemente o se les ha revocado el permiso, según datos actualizados del Instituto de Política Migratora (MPI, en inglés).
De eliminarse este beneficio, reanudado consecutivamente desde su expedición tras el terremoto de 2001 en El Salvador por periodos de 18 meses y que vence el próximo 9 de marzo, los salvadoreños engrosarán las filas de indocumentados, perderán su capacidad de vivir y trabajar legalmente en el país.
Los «tepesianos» salvadoreños, establecidos en grandes números en Los Ángeles, Nueva York y Houston, enfrentan el riesgo de la deportación y la separación de sus familias -hay unos 273.000 hijos de estos salvadoreños nacidos en el país-, si carecen de alguna otra alternativa migratoria.
Los inmigrantes de El Salvador son un gran porcentaje (60 %) de los más de 436.000 favorecidos con este tipo de amparos en EE.UU.
Les siguen Honduras (86.031), Haití (58.557), Nepal (14.791), Siria (6.916) y Nicaragua (5.306).
Políticos y grupos civiles y religiosos han intercedido en los últimos meses ante el Gobierno de Trump por una nueva extensión del TPS y un estatus migratorio permanente para estos salvadoreños que han vivido casi dos décadas en el país.
Argumentan las condiciones de pobreza y violencia por pandillas que sufre Centroamérica y que desató en 2014 una «crisis humanitaria», según el entonces Gobierno de Barack Obama.
Unos 68.000 niños de El Salvador, Honduras y Nicaragua emigraron a Estados Unidos sin acompañantes.
«El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. No renovar el TPS y forzar a los salvadoreños que viven en EE.UU. a abandonarlo pondría en peligro a miles de vidas», señala el centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
Contribuyen al País
De igual forma, las organizaciones recuerdan que se trata de una comunidad económicamente activa que contribuye al país con impuestos y poder adquisitivo.
En ese sentido, una veintena de alcaldes, entre ellos los de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston, y unos 400 líderes de diversos credos religiosos instaron recientemente a Nielsen a extender el TPS para El Salvador.
Los alcaldes advirtieron de pérdidas del PIB para el país por 164.000 millones de dólares en la próxima década.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quien le reiteró telefónicamente a Nielsen sobre los aportes de unos 190.000 salvadoreños y sus familias que dependen aún del TPS para permanecer en el país.
Sin embargo, el Gobierno de Trump se ha mostrado empeñado en «seguir la ley» y reacio a la extensión del TPS, creado para aquellos ciudadanos que enfrentan desastres naturales, conflictos civiles u otras circunstancias «extraordinarias y temporales».
El Salvador se benefició del TPS en 2001 bajo el Gobierno de George W. Bush después de los terremotos que desplazaron a cerca de una quinta parte de la población total del país.
