Unos 7.900 «soñadores», jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños, ya han perdido la protección de DACA como resultado de la decisión del presidente, Donald Trump, de acabar con ese programa, según un estudio del centro de pensamiento progresista Center for American Progress.
El estudio, publicado hoy, habla de las consecuencias que la decisión de Trump ya está teniendo en los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, y que protegió de la deportación a 800.000 jóvenes.
Trump acabó con el programa el 5 de septiembre, pidió al Congreso que buscara una solución legislativa en seis meses (antes del 5 de marzo de 2018) y ofreció a los «soñadores» la posibilidad de renovar su inscripción a DACA si su permiso expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, es decir, entre la fecha de su anuncio y el límite dado al Legislativo para actuar.
La fecha límite para renovar DACA era el 5 de octubre y, aunque 154.000 jóvenes reunían los requisitos para volver a solicitar ese permiso, 22.000 no lo hicieron, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
De esa forma, cada día, 122 «soñadores» pierden el amparo de DACA, según el estudio publicado hoy por el Center for American Progress y que traza sus conclusiones a partir de datos oficiales.
Según el centro de pensamiento, 851 personas pierden el amparo de DACA cada semana y 7.901 «soñadores» ya han visto expirar su permiso migratorio desde que Trump anunció el fin del programa, que les permitía frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y una licencia de conducir.
El Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en varias ocasiones en que, aunque ya no tengan la protección de DACA, los «soñadores» no son una prioridad para la deportación, por lo que los agentes migratorios, en teoría, están esforzándose en perseguir a inmigrantes con antecedentes penales y no a «soñadores».
Sin embargo, en su estudio, el centro de pensamiento progresista menciona algunos polémicos casos en los que las autoridades han detenido a beneficiarios de DACA.
El centro pone de ejemplo al mexicano Daniel Ramírez Medina, el primer «soñador» en ser detenido tras la llegada de Trump a la Casa Blanca y al que el Gobierno acusa de tener nexos con pandillas, algo que él niega, pero que ha hecho que su amparo migratorio sea rescindido.
Más allá de la posibilidad de ser deportados, con el fin de DACA, los «soñadores» pueden perder sus empleos, pues el permiso migratorio les otorgaba una autorización temporal para trabajar.
Según el Center for American Progress, el 91 % de los «soñadores» tiene empleo y, además, al poco de recibir DACA, un 6 % de esos jóvenes inició su propio negocio, que en ocasiones da trabajo a ciudadanos estadounidenses y que incluye iniciativas tan importantes como empresas de innovación tecnológicas.
Si el Congreso no encuentra una solución legislativa para los «soñadores», 685.000 trabajadores serán deportados, lo que provocará una pérdida de más de 460.300 millones de dólares para el producto interior bruto (PIB) de EEUU en la próxima década, según el Center for American Progress.
Asimismo, con el fin del programa, muchos perderán acceso a sus permisos de conducir, pues mientras DACA permitía a los «soñadores» obtener esas licencias en todo el país, los indocumentados solo pueden acceder a carnés de conducir en 12 de los 50 estados y en el Distrito de Columbia.
Con su estudio, el centro de pensamiento insta al Congreso a aprobar cuanto antes una solución legislativa para los «soñadores» y no esperar al 5 de marzo de 2018, cuando acaba el plazo.
Actualmente, el Legislativo se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley «limpia» que sirva para regularizar la situación de los «soñadores», mientras que la mayoría de los republicanos condiciona su ayuda a la aprobación de fondos para seguridad fronteriza.
Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el «Dream Act», una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.
El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los «soñadores» en 2001 con el «Dream Act» y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.
