Por lo menos nueve familias de la caravana migrante que recientemente se entregó a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo político han sido separadas en las últimas tres semanas, informó el grupo Pueblo Sin Fronteras.
La agrupación que acompañó a la caravana durante su trayecto asegura haber detectado nueve casos en el que los padres han sido separados de sus hijos tras ingresar y solicitar asilo en la garita internacional de San Ysidro, en California.
María, una madre centroamericana que continúa recluida en el centro de detención de Otay Mesa denunció que agentes migratorios se llevaron a sus hijos de dos y siete años a principios de mayo.
La mujer recordó que un oficial le preguntó que si el menor de ellos podía caminar y una vez que contestó le pidieron que lo soltara.
«El mayor tomó su mano y empezaron a caminar. Entonces voltearon y cuando vieron que yo no iba tras ellos lloraron aún más», señaló la madre a través de una declaración compartida por Pueblo Sin Fronteras.
«Cuando estaban fuera de mi vista les pregunté de nuevo a dónde los llevaban, y sólo me dijeron que a un albergue», relató la inmigrante, quien clamó a autoridades estadounidenses que «se pongan por un momento en su lugar».
‘No somos criminales’
Otro caso es el del salvadoreño Josué, quien también se encuentra en el centro para inmigrantes en espera de que un juez evalué su petición de asilo. Como parte de la caravana se entregó en la garita junto a su hijo de once años, con quién estuvo en dicho centro cinco días y luego fueron separados, según su relato.
«Sentí que mi vida me estaba dejando cuando vi que se lo llevaban. Lloré como un niño. Lloré y lloré. Fue un dolor muy grande», narró.
«No somos criminales para que nos hagan esto. Somos padres de familia trabajadores que huimos de nuestro país para poder darles a nuestras familias e hijos una vida segura y sin miedo», agregó.
Si bien no se trata de una práctica nueva, pues también se documentaron casos durante la administración anterior, en esta ocasión el propósito es meramente de disuadir el cruce de familias migrantes, refirió Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego.
«Estamos viendo que la táctica es para tratar de convencer a personas que buscan asilo a que no lleguen por el temor de que van a ser separados de sus niños», subrayó.
El gobierno de Donald Trump anunció una política de «cero tolerancia» según la cual cualquier inmigrante que llegue al país de forma irregular será enjuiciado con cargos criminales y en caso de viajar con menores éstos serían separados conforme a la ley.
Medida inhumana
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha presentado una demanda colectiva en la corte federal de San Diego para obtener una orden que detenga esta práctica y reúna a las familias que ya han sido separadas y actualmente, se está a la espera del fallo de un juez.
De haber una resolución favorable, cualquier inmigrante en estas circunstancias podría beneficiarse, mencionó Esmeralda Flores, de ACLU en San Diego.
«Es inhumano, no hay absolutamente ninguna ley que obligue a que las familias sean separadas, es una política que pueden eliminar fácilmente, pero lo están usando como una medida para castigar a las personas que quieren venir a Estados Unidos y cambiar sus vidas», consideró la activista.
A su vez, reiteró que en base a lo dicho por las mismas autoridades federales, los inmigrantes que han presentado su solicitud de asilo en un puerto de entrada «no tendrían que estar pasando por esta situación».
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