Defensores de los inmigrantes, líderes comunitarios y «soñadores» destacaron hoy el cambio que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) supuso para 800.000 personas y anunciaron marchas mañana para recalcar que «ha funcionado», cuando se cumple su quinto aniversario.
«El DACA ha funcionado. No puedo subrayar lo suficiente cómo los soñadores contribuyen en nuestra economía y comunidades», indicó la demócrata Catherine Cortez Masto, la primera senadora de origen hispano en el Congreso de EEUU, en una conferencia telefónica para valorar sus resultados.
El programa fue impulsado por el expresidente demócrata Barack Obama mediante una orden ejecutiva firmada en 2012.
Con motivo del aniversario, mañana martes grupos de activista se concentrarán ante la Casa Blanca en Washington y otras ciudades del país para enviar «un mensaje de unidad» y subrayar que «estamos aquí para quedarnos», en palabras de Greisa Martínez, directora del grupo United We Dream, una de las principales organizaciones defensoras de los inmigrantes jóvenes.
Los republicanos han denunciado de manera reiterada durante el Gobierno de Obama el programa como una «amnistía» inconstitucional por no haber contado con el aval del Congreso.
Con la victoria del republicano Donald Trump en las presidenciales de 2016 y su discurso de mano dura contra la inmigración ilegal, los «soñadores», jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, han visto cómo la sombra se cernían sobre su futuro.
En este sentido, se expresó la también senadora demócrata Kamala Harris, que señaló que el programa se encuentra «bajo asalto», por lo que remarcó la importancia de defender su legado, que ha permitido a cientos de miles de jóvenes continuar su formación educativa e iniciar sus carreras profesiones sin temor a la deportación.
Harris representa al estado de California, donde residen 220.000 jóvenes protegidos por DACA, es decir, uno de cada cuatro soñadores de todo el país».
La fecha clave es el próximo 5 de septiembre, cuando concluye el plazo que le han dado al Gobierno de Trump Texas y otros nueve estados para que rescinda el programa.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, envió una carta hace unas semanas al fiscal general Jeff Sessions en la que advertía que demandaría al gobierno de Trump si no elimina el programa antes del 5 de septiembre, misiva que fue firmada por otros nueve fiscales generales estatales republicanos y por el gobernador de Idaho.
Trump ha dicho repetidamente que éste es uno de los temas más difíciles a los que se enfrenta y ha afirmado que quiere «usar su corazón», pero aún no ha tomado una decisión al respecto.
Si el Gobierno no elimina DACA, esos estados han amenazado con interponer una demanda en una corte de Brownsville (Texas) para acabar con el programa por la vía judicial.
Esa es la corte del juez Andrew S. Hanen, de marcado talante conservador, ya que fue el mismo que frenó en 2015 el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), impulsado también por Obama.
Entonces, esa corte federal dictó una medida cautelar que detuvo la entrada en vigor del DAPA, que nunca llegó a aplicarse, y la ampliación del DACA.
DACA fue una las medidas unilaterales tomadas por Obama ante la falta de acción del Congreso para ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria integral que pudiera solucionar el estatus de los más de 11 millones de personas en situación irregular que se estima viven en el país.
