El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazará todas las nuevas solicitudes de amparo de DACA y dará una extensión de solo 1 año a las personas ahora incluidas en el programa que les protege de la deportación, informó este martes un funcionario de la Casa Blanca.
«El Gobierno tiene dudas significativas acerca de la legalidad de DACA y toma en cuenta las consecuencias negativas que ha tenido», añadió el funcionario, que pidió no ser identificado.
A mediados de junio el Tribunal Supremo calificó como «caprichoso y arbitrario» el decreto de Trump de diciembre de 2017 en el que canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por decreto de su predecesor, Barack Obama, y que amparó a unas 650.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en argumentos, algo que aún no ha hecho.
«Es importante tener claro que el Tribunal no dictaminó que el programa de Obama era legal», dijo el funcionario. «El Tribunal solo indicó que el Gobierno no había justificado de manera suficiente la cancelación del DACA. El Tribunal estuvo de acuerdo en que el Gobierno puede cancelarlo», agregó.
La Administración Trump «ha emprendido ahora una revisión nueva y completa del DACA, y hacerla correctamente requerirá tiempo», señaló el informante. «No voy a estimar ahora cuánto tiempo llevará esto», dijo.
Mientras esta revisión completa su curso, el gobierno de Trump «rechazará todas las solicitudes nuevas» de amparo bajo el DACA, y «adjudicará todas las solicitudes de renovación (del permiso) pero solo por 1 año, en lugar de 2 años como ocurría antes».
«Todas las solicitudes de permiso con antelación se rechazarán a menos que haya circunstancias extraordinarias», añadió, refiriéndose a las autorizaciones que los beneficiarios de DACA podían gestionar para viajar al exterior del país en instancias de alguna emergencia.
«Estas medidas limitarán el alcance del programa en tanto el Gobierno revisa su legalidad», concluyó el funcionario.
Un juez federal había dado este lunes de plazo al Gobierno hasta el 11 de agosto para que informara acerca de qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA.
La decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa, que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres, conocidos como «soñadores».
El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, ordenó el lunes que el Gobierno informe «qué acciones ha emprendido en respuesta con las órdenes judiciales relacionadas con el programa DACA y que han sido emitidas desde la decisión del Tribunal Supremo».
Los trámites pendientes incluyen a unos 650.000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y también a más de 300.000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para acogerse al programa.
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