La ola de detenciones de inmigrantes y de los operativos para identificar a personas sin estatus legal en el país han incrementado la preocupación de los organismos defensores de los derechos de los indocumentados.
Activistas señalaron que el miedo se debe a los llamados «arrestos colaterales», es decir aquellos indocumentados que en principio no están en la mira del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pero que son detenidos por encontrarse en medio de sus operativos.
Esta situación causa especial preocupación en Nueva York que también ha sido víctima de las llamadas redadas y porque según las autoridades locales el área neoyorquina es considerada como un lugar de protección y jurisdicción santuario para las personas indocumentadas.
«ICE sigue funcionando como una organización deshonesta, motivada por el odio y las represalias», opina Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés).
Las críticas resurgen tras el primer gran operativo de este año de ICE realizado en Los Ángeles, California, que concluyó el pasado jueves y que a lo largo de cinco días arrestó a 212 inmigrantes y dejó 122 notificaciones de inspección a negocios locales.
«Nuestros oficiales son forzados a llevar a cabo arrestos en general en la comunidad, poniendo a los oficiales, al público y los extranjeros en mayor riesgo y aumentando la incidentes de arrestos colaterales», señaló en un comunicado Thomas Homanen, subdirector de ICE.
Una de las familias afectadas por estos recientes operativos de ICE es la de María del Rosario Pineda, una mexicana indocumentada de 55 años. El pasado lunes, agentes de Inmigración se presentaron en su hogar para detener a su hijo Ernesto Martínez Pineda, también indocumentado y que ya había sido deportado, y quien fue interceptado en el estacionamiento de la vivienda.
Los oficiales tocaron luego la puerta del apartamento de María Pineda, donde vive con su hijo, de 34 años, y su nieto, que sufre de autismo. «No hubo tiempo de nada, mi nieto comenzó a llorar y me dijeron que era mejor que colaborara para que el niño no sufriera», relató Pineda, quien asegura que los oficiales la obligaron a firmar unos papeles y a poner sus huellas digitales por lo que probablemente puede terminar con una orden de deportación.
El activista Jorge Cabrera asegura que los oficiales del ICE no solo están arrojando la discreción por la ventana, sino que también desarrolla tácticas anticonstitucionales mintiendo, intimidando y amenazando a miembros de la comunidad mientras llevan las detenciones.
Sin condenas previas
Un reciente análisis publicado por el Centro de Investigación Pew refleja que las detenciones de ICE aumentaron entre los años fiscales 2016 y 2017, y ello se habría debido al arresto de inmigrantes sin condenas previas.
El número en el año fiscal 2017, es decir entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, creció el 146 % respecto al anterior periodo fiscal, cifra que contrasta con el aumento del 12% entre ambos años en aquellos con condenas penales.
ICE insiste que sus operativos están concentrados en personas que tengan cargos criminales. En el reciente operativo en Los Ángeles, más del 55 % de los detenidos tienen condenas por delitos graves o violentos, como delitos sexuales con menores, cargos de armas y agresión.
No obstante, Lori Haley, vocera del ICE, clarificó que cualquier persona que viole las leyes de inmigración será parte de sus objetivos.
Por su parte, Cabrera recordó que los indocumentados tienen derechos, «incluido el derecho a guardar silencio, a no incriminarse, y a no permitir que el ICE ingrese a sus hogares sin una orden judicial».
En medio de esta ola de arrestos, personas como Pineda aún no encuentran una solución para la encrucijada que enfrenta. Su hijo, y único sustento, fue deportado a México al día siguiente de su arresto, y ella debe presentarse ante inmigración la próxima semana.
«No tengo con quién dejar a mi nieto, la madre desapareció de su vida, tendrán que deportarnos a los dos», dijo entre sollozos la mujer.
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