El Gobierno de Donald Trump «está desafiando la ley internacional y fabricando una crisis en la frontera», declaró Erika Guevara-Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional (AI), sobre el supuesto plan del mandatario de EE.UU. de cerrar las puertas a solicitantes de asilo.
De acuerdo con Guevara-Rosas, las políticas propuestas por Trump «causarían un daño catastrófico e irreparable a miles de familias que no tienen más opción que abandonar sus hogares para mantener a sus hijos a salvo».
En respuesta a los reportes de que Trump planea aprobar el cierre de la frontera sur de EE.UU. a los migrantes centroamericanos solicitantes de asilo, afirmó que el líder de la Casa Blanca muestra «una despiadada indiferencia respecto a la dramática situación de aquellos que hacen esta peligrosa travesía desde Honduras y otros países centroamericanos».
«Su administración debe cesar de librar una campaña deliberada de violaciones a los derechos humanos contra personas que buscan seguridad, y reconocer inmediatamente que todos tienen derecho, según las leyes estadounidenses e internacionales, de buscar protección», expuso.
De acuerdo con Guevara-Rosas, «impedir a las personas buscar asilo sería una violación directa a las leyes estadounidenses e internacionales y pone vidas en peligro».
«Sería la culminación de años de políticas de odio que criminalizan a familias que buscan protección y devolvería a personas desesperadas a una situación de peligro», puntualizó.
Medios estadounidenses reportaron que Trump considera aprobar el cierre de la frontera sur a los inmigrantes centroamericanos solicitantes de asilo.
Los reportes coinciden con el avance por México de una caravana con miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, que se dirige a EE.UU. y que Trump ha puesto en su objetivo en las últimas semanas.
La ley estadounidense ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución para que soliciten asilo una vez que llegan a EE.UU., pero Trump pretende suspender esa disposición para los centroamericanos por «seguridad nacional», según fuentes familiarizadas con la medida citadas por The Washington Post y The New York Times.
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