Incluso después del asesinato de dos oficiales en Harlem, no todos están totalmente de acuerdo con el plan integral del alcalde Eric Adams para combatir la violencia armada en toda la ciudad.
El 25 de enero, el Defensor Público Jumaane Williams organizó una discusión afuera de 151 West 145th St. con miembros de grupos comunitarios que trabajan para prevenir los delitos con armas de fuego en los vecindarios más afectados. Williams comenzó con un recordatorio aleccionador de cuán grave se ha vuelto la situación solo este año.
Dijo que además de los dos oficiales que tienen a la ciudad de luto, el 21 de enero, un bebé de un año celebró su primer cumpleaños sometiéndose a una cirugía cerebral después de quedar atrapado en fuego cruzado en El Bronx.
En muchos casos, las víctimas nunca son el objetivo previsto, las armas son ilegales y varias de las armas de fuego se han modificado para convertirlas en máquinas de matar en masa con rondas de alta capacidad.
Williams le dio crédito a Adams por intentar abordar el problema de la violencia armada, pero no expresó su pleno apoyo al plan. Sujetando un documento que detalla un plan que dice que propuso una década antes, mientras se desempeñaba en el Concejo Municipal, Williams también trajo un mapa que, según él, muestra las áreas más gravemente afectadas por la violencia armada.
“Conocemos la concentración de la violencia armada y dónde está ocurriendo. Por cierto, si vemos una superposición de los puntos críticos de COVID, les garantizo que afecta más a la crisis de la vivienda, al desempleo, a la mayoría sin acceso a la educación. Todo va a estar en la misma comunidad”, dijo Williams, “Ahora bien, esta no es una discusión para quitar responsabilidad a alguien que toma un arma y le dispara a un niño de 11 meses. Entendemos que tiene que haber responsabilidad. Pero durante demasiado tiempo, hemos estado gastando más dinero, más tiempo en recursos y tratando de obtener responsabilidad en lugar de abordar los problemas”.
Williams argumenta que una mayor vigilancia policial, incluidas las detenciones y revisiones, pone en peligro tanto a la comunidad como a los propios oficiales, quienes, según él, no tienen las herramientas para lidiar con los perturbados emocionalmente. Sugiere que se hagan inversiones en grupos de alcance comunitario basados en los vecindarios más afectados.
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