Los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera con México batieron un récord el pasado mes de abril al alcanzar las 98.977 detenciones, el mayor número de los últimos seis meses, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
Con los arrestos de abril, ascienden ya a 460.294 la cifra de detenciones de inmigrantes en el linde desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.
En su cuenta de Twitter, la CBP subrayó que en lo que llevamos de año fiscal 2019 se ha sobrepasado el número total de arrestos en la frontera desde 2009. «La CBP está experimentando una situación sin precedentes e insostenible en la frontera suroeste», tuiteó la Patrulla Fronteriza.
De los arrestados en abril, un total de 8.897 eran menores no acompañados y otros 58.474 miembros de grupos familiares.
Así como el número de integrantes de una misma familia aumentó el mes pasado respecto a marzo, cuando las autoridades detuvieron a 53.205 individuos; los menores que llegaron solos a la frontera en abril ha disminuido ligeramente respecto al mes anterior, cuando se registraron 8.973 arrestos de niños y adolescentes que viajaban sin adultos.
La CBP agregó, por otro lado, que un total de 10.167 personas que se presentaron en los puertos de entrada oficiales desde México fueron rechazadas por las autoridades frente a las 10.888 del mes de marzo y las 9.651 de febrero pasado.
Durante todo el año fiscal 2018, que se extendió desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018, el país denegó la entrada a un total de 124.511 migrantes en los puestos fronterizos oficiales en la frontera con México.
El presidente, Donald Trump, sostiene que hay una crisis en el linde con el país vecino, donde afirma que hay «una invasión», y ha promovido medidas para evitar la llegada de indocumentados.
En una proclamación presidencial, anunció que el Gobierno apelará el fallo de un tribunal de California que le impide denegar el asilo a los migrantes que hayan entrado ilegalmente desde México.
En el documento, difundido por la Casa Blanca, se explica que el Ejecutivo va a apelar el mandato judicial de una corte federal del Distrito Norte de California que bloquea la orden presidencial emitida por Trump en noviembre, que implicaba que los indocumentados no tengan opción de pedir asilo.
El mismo día en que Trump suscribió la proclamación, el pasado 9 de noviembre, un juez federal la bloqueó.
En su proclamación de este miércoles, el mandatario aseguró que la situación en la frontera ha continuado deteriorándose desde noviembre, cuando unos 2.000 inmigrantes «inadmisibles» intentaron entrar.
El pasado 15 de febrero Trump declaró una emergencia nacional ante la negativa del Congreso de aprobar fondos para su prometido muro en la frontera con México, que le permite desviar fondos de otras partidas presupuestarias para este proyecto.
Ante una resolución aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes que instaba al mandatario a poner fin a la emergencia, Trump recurrió el pasado 15 de marzo a su potestad de veto, el primero de su mandato.
En las últimas semanas se ha producido una reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) -encargado de gestionar la inmigración- tras la marcha de varios altos cargos, entre ellos su titular, Kirstjen Nielsen, a la que Trump había criticado por su gestión de la crisis en la frontera.
El que había sido hasta la salida de Nielsen comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, fue designado por el Gobierno como titular interino del DHS, mientras que su vacante al frente de la Patrulla Fronteriza ha sido ocupada por John Sanders.
El DHS ha anunciado recientemente que lanzará un programa piloto este mes para realizar pruebas de ADN a migrantes en la frontera con el fin de identificar a los que se hacen pasar por miembros de una misma familia, según medios de comunicación locales.
Los test de ADN se llevarán a cabo durante dos o tres días en dos ubicaciones fronterizas.
Precisamente este martes se cumplió el primer aniversario de la aplicación de la política de «tolerancia cero» hacia la inmigración irregular por parte de la Administración, que afectó a miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, por la separación familiar.
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