Han transcurrido 40 días y la muerte del salvadoreño Jorge Soto, en un canal de Freeport, sigue sin esclarecerse. Al contrario, con el paso del tiempo los padres de la joven víctima suman a su inmenso dolor, la oscura sospecha de que las autoridades policiales estén posiblemente encubriendo al culpable de arrebatar la vida a su querido hijo.
Es por ello que el asambleísta del 6to. distrito en Long Island, Phil Ramos, acompañó recientemente a los familiares del inmigrante fallecido para hablar con el comisionado de policía del condado de Nassau y pedirle -en persona- que se cumpla una investigación transparente en este caso para poder dar con el responsable del fatal choque ocurrido el 1 de agosto en las aguas de Freeport Creek.
En esta área Soto murió cuando el bote en el que viajaba con unos amigos se partió por la mitad tras ser impactado imprudentemente por otra embarcación que iba a alta velocidad.
Ramos, junto a los padres de Soto, se acercaron a una reunión del ayuntamiento donde estaba el comisionado Patrick Ryder, y le expresaron su frustración por lo sucedido y su anhelo de justicia para que la muerte del muchacho centroamericano no que quede impune.
En un video compartido en la página de Facebook del asambleísta se puede observar la defensa que hace Ramos, representando a los padres José Gaspar Soto y Rosa Monge, frente a lo que consideran una mala práctica de la policía local, devaluando las vidas de hombres hispanos y afroamericanos.
Por momentos la conversación se volvió tensa, especialmente cuando el asambleísta confrontó a Ryder preguntándole porqué habían pasado tantos días y ningún policía se había reunido personalmente con los padres de la víctima para explicarles lo que pasó, sobre todo en este momento de duelo, algo que sería normal en los procedimientos policíacos.
El comisionado admitió que hablaron con un primo lejano de la familia para transmitir a ellos el mensaje del fallecimiento de Soto. Pero luego dijo que ya no hablaría sobre este caso porque la investigación se mantiene en curso.
Según muestran las imágenes del video, se le pregunta a Ryder porqué envió a un patrullero para estacionarse frente a la casa de los padres de Soto, durante 4 días, una orden vista como presunta intimidación para que los familiares no hablen del tema o no presenten cargos penales contra el operador del segundo bote.
El comisionado lo negó y dijo que solo se envió un día a un oficial para dejar las pertenencias de la víctima, una versión que ahí mismo negaron José Gaspar Soto y Rosa Monge, ya que ellos «jamás» se reunieron con algún policía del condado y tampoco recibieron algo.
Instantes después, de acuerdo al video que circula en las redes sociales, Ryder increpa a Ramos, líder de la mayoría de la Asamblea estatal de Nueva York, de nunca llamarlo sobre este tema de Jorge Soto, aunque luego se demostró que estaba equivocado.
Así, con el ánimo algo irritado y ante varias personas en la reunión, el comisionado del Departamento de Policía del condado de Nassau (NCPD) terminó abruptamente el diálogo y se marchó del lugar.
Que hablen los 6 testigos
Cabe mencionar que el pasado 3 de septiembre se realizó una conferencia de prensa en Mineola, donde el asambleísta de Suffolk, Phil Ramos, acompañado del legislador de Nassau, Carrie Solages, junto a líderes comunitarios, y familiares y amigos de la víctima Jorge Soto, exigieron una investigación más transparente al NCPD que tiene a su cargo el caso de la injusta muerte del inmigrante salvadoreño en Freeport.
Se dio a conocer que el comisionado de policía Ryder, hizo circular una carta el pasado 18 de agosto, en la que informó a Ramos que el NCPD no arrestó al operador del bote causante del choque mortal tras determinar que el incidente ocurrió en un lugar que no está sujeto al límite de velocidad de 5 mph, y además declaró que la investigación estaba en curso.
Ante esto, Ramos señaló que el Código General de Hempstead, Parte 6, Artículo 1, Capítulo 155-6 Regulación de la velocidad de embarcaciones y esquí acuático, dice: «Ninguna persona debe operar un bote dentro de cualquier vía fluvial del Town en una velocidad que provocará una estela u ola …».
De esta manera, Ramos pide ser claros acerca de la fuerza que se necesita para ¡partir un bote por la mitad!, lo que es evidencia de imprudencia.
Más de un mes después de esta tragedia que enluta a la comunidad hispana de Long Island, Ramos sostiene que el NCPD no ha determinado sobre la base de la evidencia de que la muerte de Jorge Soto fue resultado de negligencia por parte del individuo que causó el accidente.
Asimismo, Ramos no ha podido obtener los resultados de las pruebas de toxicología que el comisionado Ryder afirma -en su carta- fueron administradas a ambos conductores de los botes que chocaron en Freeport Creek.
El asambleísta Ramos ha identificado a 6 testigos claves a quienes el NCPD aún no ha cuestionado sobre lo que observaron el día del accidente. Estos individuos son testigos presenciales, son quienes sacaron del agua los cuerpos de Jorge Soto, de 25 años, y de otros pasajeros.
«¿Por qué el NCPD no toma declaraciones de estos testigos?», se pregunta Ramos. «Ellos deberían ser reconocidos por su servicio y sus testimonios deben ser considerados como un importante componente de la investigación … Una vez más, ¡exigimos justicia para Jorge Soto!», remarcó.
Según se rumora, el conductor que causó el accidente fatal, que es de raza blanca, podría estar conectado con personas influyentes en la política local o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. «Tenemos la lista de nombres, la vamos a entregar al departamento de policía … Queremos una explicación», declaró Ramos.
No obstante, en la carta Ryder niega que el operador del segundo barco tuviera vínculos con la policía o políticos, según reporta Newsday. Tanto el asambleísta Ramos y como el legislador Solages pidieron a los legisladores de Nassau que celebren una audiencia sobre la investigación.
Solages dijo que la policía reveló el estado migratorio de Jorge Soto (que es indocumentado) cuando dieron a conocer su nombre a la prensa. Afirmó que le pediría a la legislatura y a la ejecutiva de Nassau, Laura Curran, que desarrollaran una política que prohibiera a la policía identificar el estado migratorio de las víctimas de delitos.
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