Asesoría comunitaria para inmigrantes que enfrentan la deportación

Por: Madeline Armstrong
LongIslandPress.com

Numerosas organizaciones intentan abordar la necesidad de asesoría legal para quienes enfrentan la deportación en nuestra área de Nueva York.

La Hermana Janet Kinney creó la Clínica de Inmigración de Long Island (LIIC) para brindar educación legal a los inmigrantes en caso de que no puedan conseguir un abogado. «Esto fue realmente el resultado de la gran necesidad de inmigrantes indocumentados aquí en Long Island que realmente no tienen acceso a representación legal», dijo Kinney.

Dado que el gobierno no pagará para que los inmigrantes tengan acceso a un abogado como lo hacen con los acusados penales, las personas deben elegir una de tres opciones: encontrar un abogado pro bono que tenga una vacante, encontrar una manera de pagar un abogado o representarse a sí mismos en la corte.

Esto es lo que está haciendo la Long Island Immigration Clinic: capacitar a los inmigrantes sobre cómo defenderse en las audiencias de deportación. «No vienen aquí con una gran cuenta de ahorros», afirma Dena Spanos, coordinadora del programa de LIIC. «La mayoría de ellos vienen aquí con la ropa que llevan puesta y algo de documentación y eso es todo».

La falta de fondos pone a las personas en riesgo de ser estafadas por notarios o notarias. Estos no son abogados y cobran dinero a los inmigrantes para brindarles representación legal que no están autorizados a brindar.

«Estas personas no acreditadas y sin licencia no solo no están autorizadas para brindar asesoramiento legal», comenta Rachel Jordan, abogada codirectora del equipo de Long Island del Safe Passage Project, «sino que, a menudo, el asesoramiento legal que brindan es extremadamente perjudicial para los inmigrantes que lo reciben, ya sea como resultado de la incompetencia o del fraude total».

Aunque el acceso al consejo sigue siendo una de las mayores luchas para los inmigrantes, la inmensa acumulación de casos solo complica aún más el proceso. Según Jordan, pueden pasar muchos años antes de que un caso llegue a un tribunal.

«Es un gran problema porque sin poder solicitar una tarjeta verde, no podrán obtener números de seguro social», recalca. «Luego, está su acceso al empleo y está el acceso a beneficios públicos, educación superior, licencias de conducir», asevera Jordan, del Proyecto Camino Seguro, organización sin fines de lucro de Garden City que brinda representación a menores no acompañados (cualquier persona menor de 21 años).

El atraso de la corte de inmigración fue de 1.6 millones en febrero, el más alto jamás visto, según Kinney.

«Con solo 550 jueces de inmigración en todo el país, supone una enorme carga para todos los jueces que presiden tratar de resolver los casos de manera justa pero eficiente», comentó Mimi Tsankov, juez de inmigración del Tribunal de Inmigración Federal Plaza de Nueva York. «Simplemente no tenemos suficientes jueces de inmigración para manejar la carga de trabajo».

Este retraso puede causar problemas importantes para los inmigrantes que corren el riesgo de ser deportados porque las solicitudes de asilo deben completarse un año después de su entrada a los Estados Unidos, pero muchas personas desconocen cómo funciona el proceso de asilo y no están adecuadamente informados.

Esto da como resultado que las personas no cumplan con los plazos y estén en riesgo de deportación automática. La pandemia de Covid-19 solo exacerbó este problema.

«Durante muchos, muchos meses, los casos solo tenían que posponerse para una nueva fecha de audiencia futura», dijo Tsankov. «Entonces, hubo muchos retrasos y el retraso aumentó».

Una vez que los tribunales pudieron abrir nuevamente, los procedimientos se llevaron a cabo virtualmente, utilizando Webex para conectar a jueces, abogados e inmigrantes.

Muchos han encontrado que esta plataforma virtual es más conveniente, especialmente las personas que residen en Long Island. No hay tribunales de inmigración ubicados en esta área neoyorquina, por lo que todas las personas que buscan asilo deben viajar al centro de Manhattan para su audiencia.

«El acceso remoto a las audiencias ha sido increíblemente útil en términos de obtener pro bonos para tomar casos y clientes que luchan con el transporte», remarcó Tsankov.

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Sistema roto

Rodman Serrano, organizador de inmigración de Make the Road New York (MRNY), cree que el sistema de inmigración en sí está roto y necesita reformarse. MRNY es una organización sin fines de lucro que trabaja para generar poder en las comunidades y luchar por el respeto, la dignidad y los cambios de política.

«Una de las metas a largo plazo que tenemos y por la que hemos estado luchando durante muchos años, incluye ayudar a arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona», expresa Serrano. «La última vez que tuvimos una reforma migratoria en este país fue en 1986».

Por su parte, el Vera Institute of Justice, organización sin fines de lucro que pone a prueba programas para poner fin a la «sobrecriminalización… de personas de color, inmigrantes y personas en situación de pobreza», como se indica en el sitio web del Vera Institute, lanzó en abril Fairness to Freedom: The Campaign for Universal Representation (De la justicia a la libertad: la campaña por la representación universal).

Esta campaña impulsa la legislación federal que establece un derecho universal a la representación legal financiada por el gobierno federal para las personas que enfrentan la deportación.

«Estamos agradecidos de que en el presupuesto del año fiscal 2023 recientemente promulgado, la financiación del estado de Nueva York para los servicios de inmigración se incrementó a $20 millones», dijo Shayna Kessler, gerente de defensa estatal de Vera Institute.

«Pero todavía hay miles de personas en todo Nueva York que se ven obligadas a valerse por sus vidas en procedimientos de inmigración altamente complejos sin un abogado».

Hasta que esto suceda, personas como la madre soltera con el bebé que llora, las dos hermanas abrazándose y el anciano con su bastón, corren el riesgo de ser deportados a países donde pueden enfrentar una violencia indescriptible si no pueden obtener una representación legal adecuada.

Según Jordan, se concede asilo al 85% de los inmigrantes con representación legal frente al 13% de las personas sin representación. Solo el 16,5% de los inmigrantes tenían representación legal en los procedimientos de deportación, según Transactional Records Access Clearinghouse.

«Creo que una mayor financiación en Long Island tendría un impacto tremendo en la vida de las personas”, apunta Megan Elman, abogada del personal de CARECEN. «Son tan resistentes y fuertes. Perseveran frente a obstáculos increíbles para luchar contra sus casos de deportación [y] al menos podría ayudar a las personas mientras atraviesan este sistema injusto», añade.