Abogados que defienden el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aclararon que no se espera que un juez federal dicte una orden para detener la vigencia del alivio migratorio el próximo 22 de diciembre, cuando se escuchará una demanda de varios estados contra el amparo que beneficia a cientos de miles de jóvenes «Soñadores».
«Los méritos políticos de las leyes de inmigración son debatidos y decididos por el Congreso. El Poder Ejecutivo no ejerce función legislativa. Su deber es velar porque la ley se ejecute fielmente, tanto la ley sustantiva de inmigración como la ley procesal administrativa”, argumenta la querella en un tribunal de Texas.
«Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo», argumentaron por su parte los abogados defensores.
Cabe indicar que el Gobierno del presidente Donald Trump no quiso defender el programa y responder la demanda a Paxton. Sin embargo, los «Soñadores » y organizaciones como MALFED iniciaron la batalla contra el procurador y los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi, que se unieron a la querella.
Se espera que la llegada de la nueva Administración de Joe Biden en enero cambie el panorama en este litigio, uno de los tantos en los que el programa promulgado por Barack Obama (2009-2017) ha estado envuelto.
En este sentido el presidente de MALDEF, Thomas Sáenz, dijo que están esperando que el Gobierno entrante revise DACA y «busque asegurar que el beneficio continúe de forma más adecuada», por lo que el caso se mantendría en vilo hasta que el Gobierno Biden tome acción.
«Es importante señalar que la acción diferida (como programa) ha existido durante mucho tiempo bajo la ley y presidentes de ambos partidos comprometidos a otorgarlo; por eso creemos que este es un ejercicio legítimo de la discreción ejecutiva de un presidente», explicó Sáenz.
Desde la semana pasada el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) está aceptando nuevas solicitudes de DACA, y restableció todos los beneficios originales del programa acatando una orden de un juez de Nueva York.
La medida fue dada tras invalidar un memorando del Gobierno Trump que limitaba la aplicación del programa, acatando la sentencia del Tribunal Supremo del pasado junio 18 que restauraba el beneficio.
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