La comunidad de los beneficiarios por el Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciaron desde Los Ángeles la campaña ”En el Camino Hacia la Justicia”, con la que recorrerán en un bus 32 estados y 54 ciudades, entre ellas Nueva York, buscando apoyo entre votantes para presionar al Congreso por la residencia permanente.
“Hemos estado aquí por décadas, trabajado duro, aportando a este país, acatando la ley. Tenemos familias e hijos ciudadanos, nos merecemos esa residencia”, dijo el salvadoreño Julio Pérez, quien conduce el bus que sale por segunda vez en el recorrido nacional buscando respaldo para cerca de 400.000 inmigrantes que perderían el amparo el próximo año.
La salida del bus, y el inicio de la campaña, se dio desde las instalaciones de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, condado de Los Ángeles (California), donde el pasado lunes se revirtió una decisión de 2018 de un juez federal que bloqueó la suspensión del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
“Fue un golpe muy duro, pero somos una comunidad que lucha y esta decisión no nos va a detener”, advirtió la salvadoreña Verónica Lagunas, quien trabaja en la limpieza y ha estado protegida por el beneficio desde 2001.
La campaña, que recorre por segunda vez el país (la primera fue en agosto de 2018), está enfocada en tres grandes partes: la necesidad de una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, el llamado a salir a votar, y una campaña de salud dirigida a los trabajadores hispanos y de minorías afectados por la COVID-19.
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que han respaldado la Alianza TPS, explicó que los inmigrantes que viajan en el bus están entrenados para hablar sobre los temas en comunidades, que incluirán territorios conservadores y de mayoría blanca.
“Sabemos que podemos ser rechazados, pero ya aprendimos del primer recorrido y vamos a insistir porque nosotros no vamos con odio; vamos a explicarles quiénes somos y lo que estamos haciendo los inmigrantes por este país”, sostuvo Alvarado.
El activista recalcó que es importante educar a los votantes sobre el momento político que atraviesa el país, y que en su opinión se dirige hacia el fascismo.
“Nosotros en nuestros países hemos vivido esto, y sabemos el desastre que puede pasar si no lo detenemos. No podemos seguir alimentando la ideología de la superioridad blanca”, agregó Alvarado.
Por las siguientes semanas el bus llegará hasta estados clave en las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo 3 de noviembre, como Arizona, Nevada, Florida, Virginia, Pennsylvania, Maine y Wisconsin. En el bus viajan amparados del TPS de California, Florida, Texas, Colorado, Nueva York y Massachussetts, entre otros estados.
Los acompañan en esta travesía hijos de los beneficiarios, nacidos en Estados Unidos y que se verían afectados cuando sus padres se vean obligados a salir del país.
Según la demanda presentada en 2018 por beneficiarios y sus hijos, unos 200.000 estadounidenses hijos de titulares del TPS se verían afectados por el fin del programa. Crista Ramos, de 16 años, es una de las ciudadanas que demandó el Gobierno ya que su mamá, Cristina Ramos, se vería obligada a salir del país y dejarla sola.
La decisión de los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito será apelada, informaron hoy los activistas.
De mantenerse la decisión de la Corte los beneficiarios por el programa perderían sus permisos de trabajo, licencias de manejar, y en algunos casos enfrentarían más rápido la deportación.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No nos van a detener”, concluyó Alvarado.
