La Cámara de Representantes aprobó una ley que da poder al Gobierno para deportar, detener y negar la entrada a su territorio a aquellos inmigrantes que hayan sido condenados por pertenecer a una pandilla o que simplemente sean sospechosos de ello.
La iniciativa pretende ser una medida contra la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla que ha convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo y contra la que el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha lanzado una fuerte ofensiva policial con el fin de frenar su expansión a Estados Unidos.
El propio Trump felicitó al Congreso «por tomar pasos para endurecer las leyes migratorias» del país, según indicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
«Este proyecto de ley proporciona a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para mejorar nuestra seguridad nacional y restablecer la seguridad pública, negando la admisión de extranjeros criminales y miembros de pandillas a Estados Unidos», consideró Sanders.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes con 233 votos a favor y 175 en contra y, ahora, deberá ser evaluada por los miembros del Senado, a quienes Trump urgió a «tomar medidas rápidas para aprobar el proyecto de ley».
Al votar, los legisladores se dividieron en líneas partidistas, con los republicanos a favor y los miembros del Partido Demócrata en contra, aunque un congresista republicano votó en oposición de la ley y 11 legisladores demócratas se unieron a los conservadores para aprobar la iniciativa.
Los republicanos se han visto atraídos por la ley porque permite al Departamento de Seguridad Nacional designar como pandilla a un grupo de cinco o más personas, lo que hace a esos individuos inmediatamente candidatos para ser deportados, sin tener que probar por la vía judicial que esas acusaciones son ciertas.
Precisamente, las organizaciones que se oponen a la ley, como a Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), dicen que no se puede deportar a alguien porque se «cree» que pueden pertenecen a grupos violentos, puesto que una acción así violaría el derecho a debido proceso.
Además, ACLU, el grupo defensor de los derechos civiles más importante de EEUU, consideró que esa ley hará que los jóvenes latinos sean detenidos meramente por su aspecto.
Según esta organización, la iniciativa también podría impactar negativamente en los inmigrantes procedentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) que piden asilo en Estados Unidos y que, precisamente, huyen de la violencia de sus países de origen.
En los últimos años, ha habido un fuerte aumento en la cantidad de centroamericanos que llegan de manera irregular a territorio estadounidense y, de hecho, en el verano de 2014, miles de niños llegaron solos a Estados Unidos tras un peligros viaje a través de México.
