Asociaciones de inmigrantes rechazaron la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua decretada este lunes por el Gobierno, que dejará en el limbo a más de 5.000 nicaragüenses que viven en el país, y pidieron al Congreso una vía a la ciudadanía para los «tepesianos».
«Es una acción cobarde, inhumana, racista y antiinmigrante», afirmó a Efe Romel Sandino, de la asociación CASA y nacido en Nicaragua, sobre la decisión tomada por el Ejecutivo, que también optó por extender seis meses el TPS para los hondureños, quienes continúan bajo amenaza de perder su estatus.
El programa migratorio TPS fue creado en 1990 y permite la concesión de permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Sandino, que llegó a Estados Unidos con cuatro años, logró la ciudadanía, pero pasó por un «duro» proceso que casi termina con su deportación a Nicaragua, «un país que no conocía», según comentó a Efe sobre las razones que le llevan a reclamar a los congresistas que incluyan una vía a la ciudadanía antes de que acabe el año.
Las asociaciones de inmigrantes reclaman que se incluya en los presupuestos de diciembre una ley que lleve a esa solución permanente para los indocumentados afectados por las derogaciones del TPS y de la Acción Diferida (DACA), programa que protegía de la deportación a quienes llegaron cuando eran niños a Estados Unidos.
El nicaragüense señaló que el próximo 6 de diciembre realizarán una «gran marcha» frente al Capitolio en la que esperan congregar a miles de personas para presionar a los congresistas con el fin de que consigan el estatus que persiguen como condición en la negociación de los presupuestos.
Hengli Baraona, de Honduras, lleva 21 años en Estados Unidos -18 de ellos con TPS- y ahora dice estar asustada por la incertidumbre que provocan las revisiones del programa que, en el caso de Honduras, afecta a 86.163 beneficiaros.
«Tengo un hijo de 18 años que acaba de empezar la universidad y yo le prometí a él que, si conseguía una beca, yo lo iba a apoyar en todo, pero con esta situación se me hace difícil de explicarle qué es lo que va a pasar», aseguró a Efe Baraona.
Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, argumentó ayer que en Nicaragua ya no se dan las condiciones que les llevaban a conceder los TPS, por lo que, este «debe darse por terminado».
Duke estableció un margen de 14 meses para que los damnificados abandonen el país o pidan un «estatus alternativo».
El Departamento de Estado recomendó acabar con el TPS para Nicaragua y Honduras, pero también para Haití y El Salvador, del que se benefician 58.706 y 263.282 inmigrantes, respectivamente.
En total, 413.500 salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses se benefician del TPS.
