A lo largo del último año y medio, más de tres cuartas partes de los inmigrantes beneficiarios del programa DACA en la fuerza laboral (343.000 individuos conocidos como «Soñadores» o Dreamers») han estado empleados en trabajos considerados esenciales, «manteniendo al país seguro a costa de un gran riesgo personal», reveló un reciente análisis de la organización Center for American Progress (CAP).
De acuerdo con el estudio del centro de investigaciones sobre políticas públicas, entre estas personas en trabajos catalogados como esenciales por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hay 34.000 trabajadores de salud que brindan atención a pacientes.
Otros 11.000 individuos trabajan en entornos relacionados con el cuidado a la salud, «manteniendo esas instalaciones en funcionamiento».
Asimismo, en el total figuran 20.000 educadores que garantizan que millones de niños continúen aprendiendo en las aulas, así como 100.000 que trabajan en la cadena de suministro de alimentos, de las granjas a las mesas de los consumidores.
El análisis destacó que los hogares de beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) pagan 6.200 millones de dólares en impuestos federales y 3.300 millones en impuestos estatales y locales al año.
En las economías locales, después de impuestos, estos hogares representan un poder de gasto de 25.300 millones de dólares, añadió.
«Una vez más, los números muestran que DACA ha sido una fuerza positiva, no solo para los beneficiarios del programa sino para las familias y comunidades en todo el país», expuso el documento.
Indicó que, a través del programa, mediante el cual los beneficiarios reciben protección contra la deportación y un permiso de trabajo, más de 825.000 personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños pudieron acceder a una mayor estabilidad en sus vidas.
«Pero las protecciones de DACA no son permanentes y pueden ser revocadas en cualquier momento. En julio pasado, un juez federal en Texas declaró a DACA ilegal y bloqueó el ingreso de nuevos solicitantes al programa», señaló.
En respuesta, precisó, la Administración del presidente Joe Biden «adoptó medidas para fortalecer DACA ante estos continuos ataques, a través del proceso federal de regulación».
«El Congreso ya se demoró demasiado para crear una senda a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, o soñadores (Dreamers), y para todos los estadounidenses indocumentados», declaró Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de investigación del equipo de Política de Inmigración del CAP y coautora del análisis.
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