Los legisladores que buscan ampliar y reforzar un proyecto de ley histórico de 2017 que da a los inquilinos de la ciudad de Nueva York acceso universal a una defensa en el tribunal de vivienda, se reunieron en el Ayuntamiento el lunes y celebraron, posteriormente, una audiencia para centrarse en su viabilidad.
Los concejales que apoyan el proyecto de ley dicen que la ley de «derecho a un defensa» ha tenido tanto éxito que justifica la expansión a través de un nuevo paquete de proyectos de ley que se denominan «Derecho a una defensa 2.0», ya que 28.000 familias fueron expulsadas de sus hogares en 2018.
La concejala Vanessa Gibsson afirma que a pesar de las sombrías cifras, ha habido una disminución de desalojos en un 30% y una disminución del 15% en casos presentados por propietarios contra los inquilinos.
El concejal Mark Levin, junto con Gibson, forman parte del Comité de Vivienda que escuchó el testimonio público con un apoyo abrumador para los proyectos de ley.
«Sólo tiene sentido que lo aumentemos», dijo el defensor del pueblo Jumaane Williams. «El dólar no rinde en la ciudad de Nueva York como lo hace en otros lugares.»
En la actualidad, la Oficina de Justicia Civil de la ciudad proporciona a los hogares un 200% por debajo del umbral de pobreza federal, el equivalente anual de 50.000 dólares para una familia de cuatro personas. Los dos nuevos proyectos de ley ampliarán la elegibilidad del 200 al 400%.
El juez Jonathan Lippman, conocido por su trabajo como jefe de la Comisión Lippman para proporcionar recomendaciones para el cierre de Rikers Island, dijo que el derecho a un abogado pone a la ciudad de Nueva York por delante del país, en el equilibrio de la justicia no sólo para los trabajadores pobres, sino para la clase media.
«Toda mi vida ha sido de justicia… Creo que el proyecto de ley sobre el derecho a una defensa representa la mayor ganancia para la justicia en una generación», dijo Lippman. «Redujimos las entradas al sistema de refugios con este proyecto de ley».
Los partidarios del proyecto de ley se reunieron en las escaleras del Ayuntamiento antes de la audiencia en la que la concejala Carlina Rivera dijo que apoyaría el proyecto debido a que la base de su distrito del Lower East Side es una de las comunidades más afectadas por el aburguesamiento. Mencionó que la ampliación del proyecto de ley era consistente con sus promesas de campaña para hacer frente al desplazamiento.
Lippman señaló el derecho constitucional a una defensa, argumentando, que los casos civiles como las disputas entre propietarios e inquilinos dejan a muchos sin representación en los tribunales.
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