Por: Ryan Kelley
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Los miembros del Congreso que representan a Queens están intentando que un repartidor de pizzas de College Point sea liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras buscan respuestas sobre por qué fue detenido.
El grupo de 14 representantes, incluidos los miembros del Congreso Grace Meng, Nydia Velázquez, Joseph Crowley, Hakeem Jeffries, Gregory Meeks, Thomas Suozzi, Carolyn Maloney y el senador Charles Schumer, enviaron cartas el 22 de junio a ICE y a la base militar Fort Hamilton en Brooklyn en relación con el arresto de Pablo Villavicencio.
Un residente de Hempstead, Long Island, Villavicencio entregó una pizza a Fort Hamilton a principios del mes pasado mientras trabajaba para la pizzería de Nonna Delia a pesar de no tener una licencia de conducir.
Presentó su tarjeta IDNYC a la policía militar, que luego realizó una verificación de antecedentes y descubrió que Villavicencio tenía una orden de deportación abierta que databa de 2010.
En la carta al funcionario de ICE Tom Decker, director de la oficina de Nueva York, los miembros del Congreso señalaron que Villavicencio tenía una apelación pendiente a través del departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos relacionado con su caso de deportación, pero aun así fue detenido por ICE.
«Viviendo en los Estados Unidos, él ha dedicado su vida a su familia, sus hijas y su esposa, que son todas ciudadanas de los EE.UU.», decía la carta.
«Los amigos de Villavicencio, su familia y la comunidad en general solicitan que sea puesto en libertad mientras ejerce el derecho de agotar todas sus opciones legales antes de ser expulsado de los Estados Unidos”.
Detención cuestionable
Los miembros del Congreso también anunciaron su apoyo total a la apelación de Villavicencio.
La carta al coronel Peter Sicoli, comandante de la Base del Ejército de Fort Hamilton, fue mucho más detallada. Los congresistas expresaron su preocupación por las circunstancias «cuestionables» que rodean la detención de Villavicencio en la base y solicitaron una explicación de las políticas de la misma.
«Las acciones tomadas por el puesto generan preguntas acuciantes sobre las políticas actuales de Fort Hamilton, que son fundamentales para mantener la confianza y la seguridad pública», escribieron los legisladores. «Además, se puede argumentar que las prácticas empleadas en este escenario particular pueden quedar fuera de las responsabilidades inmediatas de los guardias de Fort Hamilton».
Los legisladores explicaron que, si bien la política del Departamento de Defensa exige que cualquier persona sin una identificación oficial pase por una verificación de antecedentes, no está claro por qué esa política se aplicaría a alguien que no está en el puesto para asuntos oficiales. La verificación de antecedentes también se realizó a pesar de que un compañero oficial le pidió que no se realizara, según la carta.
La carta incluso preguntaba específicamente sobre las políticas de Fort Hamilton hacia las entregas, si los conductores pueden rechazar la verificación de antecedentes si eligen no ingresar a la instalación, si son o no conscientes de ese derecho y si otros conductores han sido detenidos en situaciones similares.
También se refirió a un informe del New York Times en el cual el abogado de Villavicencio sugirió que no consintió a la verificación de antecedentes.
Los miembros del Congreso solicitaron una respuesta formal del coronel Sicoli dentro de 15 días laborales.
La esposa de Villavicencio y sus dos hijas son ciudadanos de los Estados Unidos y él no tiene antecedentes penales.
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