El riesgo de contagio de coronavirus entre las personas detenidas en centros de inmigración de todo Estados Unidos es una «bomba de tiempo» advirtieron activistas proinmigrantes y expertos médicos, y reiteraron llamados para que sean dejados en libertad.
«Mientras debatimos qué se debe hacer con los detenidos para protegerlos, la pandemia ya está en las cárceles», declaró en una teleconferencia la doctora Ranit Mishori, del grupo Médicos por los Derechos Humanos.
Según informó, se han confirmado casos positivos de COVID-19 en centros de detención migratoria de Arizona y Nueva Jersey, que afectan tanto a inmigrantes como al personal que los atiende, del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
«Sabíamos que solamente era cuestión de tiempo, y ahora estamos ante una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento y desparramará el virus más allá del interior de los centros y hacia las comunidades circundantes», agregó.
Por su parte Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, reveló que estarían en aumento las protestas y huelgas de hambre realizadas por detenidos en custodia de inmigración, que «tienen miedo y exigen ser liberados».
Según su información, desde hace dos semanas unos 300 detenidos en el estado de Washington y 100 en Virginia se niegan a ingerir alimentos como «única forma de demostrar su desesperación». «Al priorizar la política antiinmigrante ante todo, el Gobierno pone en riesgo la salud de los detenidos y también de los empleados del sistema. Todos están en riesgo», afirmó Shah.
El doctor Josiah Rich, profesor de epidemiología de la Universidad Brown y médico con 25 años de trabajo en centros carcelarios, dijo en la misma teleconferencia que en febrero envió una carta a sus superiores donde también advirtió sobre la posible situación que se vive y el riesgo de que el COVID-19 se extienda sin control. «Les dije que esto es una bomba de tiempo, que el virus puede expandirse como un fuego descontrolado si no se toman medidas», señaló.
Ante la falta de respuesta, a mediados de marzo escribió al Congreso, donde advierte que los lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades (CDC ) para instalaciones correccionales no se pueden aplicar en las cárceles y centros de detención para alojar a indocumentados y personas que han pedido asilo.
«Es imposible hacer (medidas) de distancia social o de higiene para lentificar al virus en lugares que están sobrepoblados, donde los detenidos comparten baños o zonas comunes como comedores y patios. El problema es urgente y la solución es dejar libre a esta gente para que haga cuarentena con sus familias», agregó.
Sin servicios de salud
Otro de los riesgos señalados por los expertos es la falta de acceso a servicios de salud de los detenidos, a menudo recluidos en establecimientos que se encuentran aislados en zonas rurales, lejos de cualquier hospital.
En caso de contagio no habría una respuesta sanitaria inmediata, «y el peligro se extendería a las comunidades circundantes al ser trasladado por el personal del establecimiento que cambia de guardia tres veces por día», dijo el profesor Chris Beyer, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.
El ICE tiene alrededor de 32.000 inmigrantes indocumentados en sus centros de detención dispersados por el país, la mayoría de ellos solicitantes de asilo. Según los activistas, esta agencia tiene la autoridad para minimizar la amenaza que representa la pandemia para las personas en las cárceles y centros de detención.
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