Defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron con severidad el nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump para no aplicar el acuerdo Flores y deportar con mayor rapidez a menores no acompañados que ingresan de manera irregular por la frontera sur.
El rechazo a la propuesta de la secretaria Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, se dio por parte de organizaciones defensoras de los inmigrantes e incluso de legisladores, a quienes se les pidió «autoridad para devolver a los menores no acompañados a sus familias en sus países».
Mary Bauer, directora legal del grupo Southern Poverty Law Center (SPLC) aseguró que no hay razón para que el Congreso deba otorgarle más autoridad al DHS, especialmente cuando se trata de sacar a los niños del país.
La activista resaltó el historial de «crueldad» hacia los niños y las familias inmigrantes que viene mostrando esta Administración y que este sería otro intento por violar los derechos de los menores.
El gobierno pretende con esto conseguir una excepción a la aplicación del acuerdo Flores, que impide que los niños permanezcan encarcelados por largos periodos de tiempo.
Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días, y además deben estar detenidos en las condiciones «menos restrictivas» posibles.
«No creo que esta petición vaya a progresar en el Congreso, la mayoría de legisladores entiende y simpatiza con este acuerdo que protege a los menores», dijo Peter Schey, uno de los abogados demandantes que logró el acuerdo en la década de los noventa.
La actual Administración trató de retar el acuerdo Flores en las cortes el año pasado. No obstante, los defensores de la medida han dado la pelea y están dispuestos a llegar al Congreso para explicar de la gravedad de la actual propuesta, según trascendió.
Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis, una de las actuales defensoras del acuerdo, indicó que, mientras buscan como regularizar su estatus, están en pie de lucha para defender el derecho que tienen los niños no acompañados de permanecer en Estados Unidos.
«Las cortes y los jueces han bloqueado cualquier propuesta que vaya contra los derechos que protegen a estos menores», resaltó Cooper.
En su petición, la secretaria de Seguridad Nacional argumenta que «actualmente, el Gobierno puede reunir a muchos menores no acompañados de México con sus familias y devolverlos a su país, cuando corresponde, pero legalmente no podemos hacerlo con los menores de países no contiguos».
También dijo que la Administración «requiere autoridad para tratar equitativamente a todos los menores que llegan».
El abogado Schey advierte que a pesar de que el acuerdo Flores también cobija técnicamente a los niños de México y Canadá, una ley firmada por el Congreso los incluyó en las deportaciones expeditas.
Sin embargo, Schey subraya que los menores mexicanos o canadienses que puedan demostrar miedo creíble y deseen solicitar asilo político no deberían ser expulsados del país rápidamente.
Maureen Meyer, directora del programa México y Derechos de Migrantes de The Washington Office on Latin America (WOLA), dijo que ha visto cómo niños mexicanos no acompañados quedan a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), «lo que pone a muchos niños en riesgo de deportación sin la oportunidad de contar su historia a un juez de inmigración».
«Los niños no acompañados que han pasado por un trauma, incluida la agresión sexual, no pueden compartir sus historias de manera efectiva con un agente armado», detalla Meyer.
Por su parte, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja de Estados Unidos, el demócrata Bennie Thompson, se unió al rechazo a la solicitud de Nielsen.
«El DHS tiene los medios para procesar a estas personas de manera ordenada y oportuna», dijo Thompson en un comunicado.
No obstante, el demócrata se mostró a favor de entregar más recursos económicos para que la Administración pueda manejar el ingreso al país de inmigrantes indocumentados, que se encuentra en sus niveles más altos de los últimos trece años. Se prevé que en marzo la cifra supere las 100.000 personas.
«En lugar de intentar devolver rápidamente al peligro a estos menores, la Administración debería estar trabajando para garantizar su acceso y darles protección en nuestro país», recomendó Meyer.
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