Individuos anteriormente encarcelados se manifestaron frente a la oficina de Midtown de la gobernadora Kathy Hochul el lunes por la mañana después de que dos hombres más murieran en Rikers Island la semana pasada.
Organizado por una coalición de grupos de defensa que incluyen #HALTsolitary Campaign, New York City Jails Action Coalition y Freedom Agenda, los asistentes buscaron tanto recordar las vidas perdidas como reprender a la gobernadora por permitir que Rikers Island continue deteriorándose.
Herman Diaz, de 52 años, y George Pagan, de 49, murieron mientras estaban bajo custodia en Rikers Island la semana pasada, elevando el número total de muertes este año a tres, lo que ha enfurecido a los defensores de los derechos de los que están tras las rejas.
Las aparentes condiciones abominables en el interior de Rikers Island han sido denunciadas durante mucho tiempo por los que cumplen condena, los miembros del personal y los funcionarios electos, y se predijo que conducirían a más muertes a menos que se hicieran cambios significativos.
“Es una pena que tengamos que estar aquí una vez más para crear conciencia sobre las condiciones deplorables en Rikers. Estamos aquí para decirle a la gobernadora Hochul y a nuestros legisladores que liberen a nuestra gente. Tres muertes en Rikers en 2022 y son tres muertes innecesarias”, dijo Victor Pate de #HALTsolitary.
Crisis humanitaria en Rikers Island
Pate conoce muy bien los horrores de la infame isla después de haber estado encarcelado en Rikers en la década de 1970, pero cree que la instalación es aún peor en 2022 que cuando cumplió condena hace décadas.
“Hay una crisis humanitaria en este momento en Rikers Island”, dijo Pate, y agregó que el Monitor Federal ha seguido subrayando las condiciones de vida inseguras, pero no se ha hecho nada para resolver estos problemas. “Necesitamos que arregles esto ahora. No necesitamos que intentes cambiar la reforma de la fianza, no necesitamos que cambies el descubrimiento, no necesitamos que aumentes la edad, lo que necesitamos que hagas es liberar a las personas”.
Los críticos reprocharon a la gobernadora por un plan que creen que aumentará enormemente la cantidad de personas tras las rejas al revertir la reforma de la fianza y otros cambios para detener a los reincidentes, como permitir que los jueces fijen una fianza por delitos violentos.
Muchas de estas ideas también se presentaron recientemente en el controvertido Plan para poner fin a la violencia armada del alcalde Eric Adams, que pide reformas específicas sobre la prisión preventiva, aumentar la pena por tráfico de armas, permitir que los jueces tengan en cuenta la peligrosidad, aumentar la edad para cargos por armas y alterar los procedimientos de descubrimiento (permitiendo que los fiscales de distrito procedan con los cargos de armas antes de tener suficiente evidencia), y eliminando los requisitos de divulgación.
Las propuestas de Hochul están en línea con el plan de Adams y, según los informes, está permitiendo que los oficiales arresten a las personas en lugar de emitir una citación o una multa por delitos cometidos en el transporte público, y los menores de edad atrapados con un arma serían juzgados en un tribunal penal -estos cargos a menudo se escuchaban en la corte de familia.
En respuesta a estos golpes verbales, la oficina de la gobernadora dice que Hochul no debate estos temas en foros públicos.
“Como la Gobernadora ha dicho constantemente desde que se convirtió en Gobernadora, ella no negocia en público. Esperamos continuar trabajando con la legislatura para entregar un presupuesto que sirva a los neoyorquinos”, dijo la secretaria de prensa Hazel Crampton-Hays a amNewYork Metro.
Con el aumento continuo de los delitos con armas de fuego, Hochul ha pasado los últimos meses centrándose en el torbellino de balas, incluido el de las armas fantasma. El 28 de octubre de 2021, la Gobernadora promulgó una legislación que prohíbe las armas fantasma y el 10 de noviembre declaró que estaba dispuesta a conversar sobre la reforma de las fianzas con los líderes legislativos, pero que no negociará en público. A esto le siguió su agenda de seguridad pública, presentada el 5 de enero.
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