Una asociación de defensa de los derechos civiles presentó una demanda federal contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retener a niños inmigrantes detenidos durante demasiado tiempo, poniéndolos a su juicio en riesgo psicológico.
El Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York defiende a seis adolescentes, cuatro de los cuales se encuentran en el estado neoyorquino, que fueron enviados a refugios de acogida después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de ser enviados con sus padres o familiares al comenzar el proceso judicial, informan medios locales.
Sin embargo, el sindicato denuncia que los niños siguen detenidos ya que ahora el proceso requiere para su liberación las huellas digitales de sus padres y familiares, lo que «extiende durante semanas e incluso meses» la causa judicial, asegura la abogada de la asociación, Paige Austin.
Como los datos de las huellas digitales pueden ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional, los familiares indocumentados de estos niños temen posibles represalias.
Esta dilación de los tiempos judiciales ha provocado que el número de niños bajo tutela federal haya ascendido a 13.000 desde que el Gobierno comenzara a requerir estos chequeos más rigurosos la pasada primavera, algo que la administración considera necesario para evitar que los niños caigan en manos de traficantes.
La demanda asegura que los niños retenidos durante largos periodos de tiempo en dependencias de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sufren episodios de ansiedad, indefensión, depresión e incluso intentos de suicidio, todo ello empeorado porque la mayoría de ellos «han sobrevivido a hechos traumáticos como persecución, asalto o tortura».
Una de las demandantes es una niña ecuatoriana detenida en Texas cuya madre, Norma Duchitanga, también es parte del caso.
«Las citas para la toma de huellas se retrasaron mucho. Iba a tardar uno o dos meses en conseguir una cita aquí en Nueva York», asegura en declaraciones a la emisora de radio WNYC esta residente desde hace 15 años en el país, que finalmente tuvo que acudir a Filadelfia para adelantar el proceso.
«Tiene miedo de que la manden de vuelta, de que la metan en la cárcel. Eso es lo que teme. No quiero que sufra. Ya ha sufrido bastante desde que me vine a Estados Unidos y la dejé para darle una vida mejor», explica Norma.
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