Los arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera con México ascendieron en el pasado mes de noviembre a 51.856 personas, un nuevo récord desde que Donald Trump asumiera la Presidencia en enero de 2017, informaron las autoridades.
Este número supone un aumento respecto a octubre cuando ya se batió el récord de detenciones en la frontera sur en la era Trump con 51.001 inmigrantes irregulares arrestados, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP, en inglés).
Entre los detenidos en noviembre había al menos 25.172 miembros de familias y 5.283 menores no acompañados, frente a los datos de octubre cuando hubo 23.115 integrantes de unidades familiares y 4.982 niños y adolescentes que viajaban solos arrestados.
Estas personas fueron capturadas por las autoridades estadounidenses cuando cruzaron al país desde México por zonas que no eran puertos oficiales de entrada.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Katie Waldman, dijo en un comunicado que «los números de la frontera de noviembre de 2018 son el resultado predecible de un sistema de inmigración roto – incluyendo órdenes judiciales defectuosas- que usurpa la voluntad del pueblo estadounidense que ha pedido repetidamente fronteras seguras».
«Para abordar la crisis obvia en nuestra frontera, el presidente ha desplegado recientemente al ejército y ha firmado un nueva medida, que junto a una regulación conjunta con el DOJ (Departamento de Justicia, en inglés), hace que quienes cruzan la frontera ilegalmente no sean aptos para asilo», recordó Waldman.
De acuerdo a los últimos datos publicados por el Pentágono, en estos momentos unos 5.600 militares de EE.UU. se encuentran desplegados en los estados de Texas (2.400), Arizona (1.400) y California (1.800) para afrontar la llegada de caravanas de inmigrantes a la frontera.
Hace dos días, el Departamento de Defensa aprobó prorrogar hasta el 31 de enero la misión de las tropas desplegadas en el linde con México, como había solicitado el DHS.
Las autoridades mexicanas calculan que unos 9.000 centroamericanos han llegado a su territorio desde el 19 de octubre en distintos grupos, de los que más de 7.000 arribaron a Mexicali y Tijuana, en el estado de Baja California, para pedir asilo en Estados Unidos y 2.000 se ubican en otras partes de México.
El pasado 9 de noviembre, Trump firmó una orden que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren al país por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo; pero la medida fue paralizada de manera temporal por un juez de Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.
Waldman lamentó en su nota ese tipo de decisiones judiciales: «Desafortunadamente jueces individuales de cortes de distrito han dado en fallos de inmigración por separado otro pase gratuito a los extranjeros ilegales para violar nuestras leyes», destacó.
«Esto tiene consecuencias -advirtió-. Las malas decisiones del Noveno Circuito son directamente responsables de las más de 25.000 unidades familiares que violaron nuestra soberanía nacional y que son efectivamente inmunes a las consecuencias de sus acciones legales».
Waldman se refería a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, sobre la que Trumpo se ha mostrado crítico y en la que se dirimen las apelaciones de los casos del Tribunal del Distrito Norte de California.
La portavoz del DHS adelantó que el Gobierno continuará presionando al Congreso para «confrontar los fallos legales».
Sin embargó, «si el Congreso pone una vez más palos a la rueda y rechaza cerrar los resquicios (legales) conocidos y devastadores y financiar el muro del presidente, será la continuación de una larga década de incumplimiento del deber», señaló.
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