Por: Richard Herman, Esq. (*)
Si bien la Administración Biden ha reducido significativamente el arresto y la deportación de inmigrantes sin condenas, pero que están en los Estados Unidos sin autorización, el hecho es que 1.7 millones de casos pendientes en procedimientos de deportación están obstruyendo los tribunales de inmigración en todo el país. Estos casos se han acumulado a lo largo de los años, desde Trump, Obama e incluso George W. Bush.
Una cosa está clara: el sistema judicial de inmigración actual es insostenible, incapaz de proteger los derechos de debido proceso de los inmigrantes y sus familias, y representa un desperdicio masivo de los escasos recursos del gobierno.
En lugar de aprovechar el dinero de nuestros impuestos para atacar y deportar a criminales endurecidos, traficantes de drogas y depredadores violentos, estamos gastando miles de millones en un sistema de deportación que se enfoca en personas pacíficas, muchas de las cuales están casadas con ciudadanos estadounidenses y tienen hijos ciudadanos estadounidenses.
¿Su mayor crimen? no tienen papeles. Ahora hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU.
En generaciones anteriores, el Congreso ha visto el tema de los indocumentados desde una perspectiva diferente. Desde la década de 1980 hasta 2001, hubo leyes que proporcionaron un camino hacia el estatus legal.
Al pagar una multa por la infracción civil de no tener estatus migratorio, los inmigrantes podrían salir de las sombras, tomarse las huellas dactilares y obtener una Tarjeta Verde (Green Card), a menudo a través del patrocinio de la familia o del empleador.
Durante más de 21 años, debido a los beneficios políticos de subirse a la ola de la xenofobia y el sentimiento antiinmigrante, el Congreso se ha negado a aprobar la legislación para brindar un camino hacia el estatus legal.
Esto ha creado una crisis en nuestro sistema judicial de inmigración, que es increíblemente disfuncional y las fechas de las audiencias a menudo se posponen años más adelante, mientras que las familias viven con el temor de que nunca obtengan el debido proceso y la oportunidad de quedarse.
Puede haber alivio
El 3 de abril de 2022, la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA), Kerry E. Doyle, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), emitió nuevas pautas para sus abogados con respecto a la discreción procesal.
El memorando titulado Orientación a los abogados de OPLA sobre la aplicación de las leyes de inmigración civil y el ejercicio de la discrecionalidad procesal (Memorándum de Doyle) entrará en vigencia a partir del 25 de abril de 2022.
Este memorando es consistente con el memorando titulado Pautas para la aplicación de la ley de inmigración civil emitido el 30 de septiembre de 2021 y entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021, emitido por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, (Memorándum de Mayorkas).
El nuevo memorando proporciona una fuerte directiva de la administración de Biden a los abogados de ICE de que deben seguir la tradición dentro de la ley de que los fiscales deben «hacer justicia» y priorizar los escasos recursos gubernamentales de una manera que maximice la seguridad pública.
El nuevo memorando actualiza y amplía el ejercicio de la discreción procesal por parte de los abogados de ICE. El Memorándum de Doyle agiliza el proceso de ICE para designar las prioridades de ejecución y brinda mayor discreción a los abogados de ICE para ejercer diversas formas de discreción procesal en casos individuales.
¿Qué es la Discreción Procesal?
Un fiscal de inmigración tiene la autoridad para tomar una decisión con respecto a colocar a una persona en un tribunal de inmigración y acusarla de deportación, o incluso terminar un caso de deportación existente. Esto se llama discrecionalidad procesal.
La discreción fiscal es una amplia gama de autoridad que incluso permite ofrecer acuerdos de culpabilidad a un acusado. Por ejemplo, un oficial de la ley le da una advertencia por exceso de velocidad y lo deja ir mientras puede acusarlo.
ICE es el representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los procedimientos de expulsión de inmigrantes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia de EE.UU. Además, la OPLA tiene el poder de usar la discreción procesal.
Los abogados de OPLA pueden decidir cómo quieren proceder y en qué casos enfocarse. Por ejemplo, pueden acordar eliminar un caso de la corte de inmigración mediante el cierre administrativo o la desestimación.
¿Cómo funciona la PD?
Los abogados de OPLA evalúan sus casos de forma independiente para decidir si deben usar PD o no. Además, puede presentar una solicitud de PD.
Una vez que reciben su presentación, calculan si es una prioridad de cumplimiento utilizando los Memorandos de Mayorkas y los Memorandos de Doyle.
OPLA revisa los datos de su caso y considera todos los factores para decidir sobre la prioridad.
¿Debe solicitar PD?
– Casos no prioritarios:
En primer lugar, OPLA evalúa si su caso es prioritario para la aplicación o no. Si se trata de un caso no prioritario, es muy probable que OPLA utilice PD, como no presentar el Aviso de comparecencia (NTA). Por ejemplo, si ya han presentado NTA, OPLA utilizará PD al desestimar los procedimientos de deportación sin perjuicio.
Según el caso, pueden optar por solicitudes de amparo, renuncia a la apelación, reducción del monto de la fianza, cierre administrativo y otros métodos.
– Casos Prioritarios:
Cuando OPLA evalúa que su caso es una prioridad para la aplicación, no utilizan PD y se niegan a solicitar NTA, terminación, cierre administrativo o despido.
En algunos casos, OPLA todavía usa PD si su caso es una prioridad. Además, puede aportar pruebas para cambiar el estado de prioridad. Los abogados de OPLA pueden reevaluar su caso de forma independiente si obtienen nueva información. Si cambian el estado de prioridad, pueden respaldar su solicitud de PD.
Una cosa está clara. Con casi 1.7 millones de casos actualmente pendientes en los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración, esperemos que los fiscales de ICE «hagan justicia», conserven los escasos recursos administrativos que se utilizan mejor en los casos de alta prioridad y eliminen los casos de baja prioridad del proceso de deportación.
Esto no solo hará de los Estados Unidos una nación más segura y equitativa, sino que también ayudará a mantener unidas a las familias pacíficas y trabajadoras.
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(*) Richard Herman es abogado de inmigración, autor y activista de renombre nacional. Ha dedicado su vida a defender a los inmigrantes y ayudar a cambiar la conversación sobre inmigración.
Es el fundador de Herman Legal Group, una firma de abogados de inmigración lanzada en 1995 y reconocida en la lista de las «Mejores firmas de abogados de Estados Unidos» de U.S. World News & Report.
Es coautor del aclamado libro Immigrant, Inc. Why Immigrant Entrepreneurs Are Driving the New Economy (John Wiley & Sons, 2009). Se desempeña como abogado del Consulado de México, Michigan/Norte de Ohio.
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