Una coalición de fiscales generales de 12 estados de EE.UU. exigió a la Administración de Donald Trump un cambio en una política de reunificación de inmigrantes que está permitiendo que niños no acompañados por adultos permanezcan retenidos en dependencias federales.
En una carta remitida al Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar, y a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, los responsables estatales de justicia reclaman modificar la actual exigencia de que todos los posibles patrocinadores de los niños migrantes y sus familias enteras registren sus huellas digitales.
Según los fiscales, esta política «impone cargas injustificadas en el proceso de patrocinio» y provoca que algunos de estos padrinos o allegados se encuentren con la «opción insostenible» de dejar a los niños bajo custodia federal o exponerse a sí mismos a los agentes de inmigración.
La carta ha sido firmada por los fiscales generales de Massachusetts, California, Delaware, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
La responsable de justicia neoyorquina y una de las firmantes, Barbara Underwood, aseguró en un comunicado que es «inconcebible» que el Gobierno de Trump prolongue la detención de niños que han sufrido un trauma profundo y que los mantenga «innecesariamente separados de sus familiares» en una política que calificó de «inhumana».
De acuerdo con la misiva, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados firmó un acuerdo a principios de año con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y con el Control de Fronteras para reforzar los requisitos a los familiares.
En opinión de los fiscales generales, esta es una técnica para conocer el estatus migratorio de estos posibles patrocinadores con el objeto de detenerlos y deportarlos.
El resultado de esta política ha sido que el número de niños migrantes bajo custodia federal se haya multiplicado por cinco desde el año pasado hasta superar los 13.000.
Algunos de estos refugios federales se encuentran sobrecargados y algunos niños se han tenido que alojar en infraestructuras precarias, como el caso de una tienda de campaña improvisada en Tornillo (Texas), que ha sido descrita como un «campo de prisioneros».
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