Aunque la Administración del presidente Donald Trump dio seis meses para finalizar la Acción Diferida (DACA), que ampara a más de 800.000 jóvenes, un gran número de ellos tendrán la «fortuna» de extender sus permisos de trabajo por dos años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió esta ventana para «soñadores» como Maritza, una joven de 24 años de Morelos (México) que llegó a Estados Unidos de la mano de sus padres a punto de cumplir una año de edad.
«Hace una semana no podía dormir de la ansiedad. No había renovado y me iba a quedar sin permiso de trabajo. Hoy estoy más tranquila porque tendré otros dos años (de legalidad)», manifestó dijo a Efe esta beneficiaria del programa DACA que no quiso revelar su apellido.
De la angustia de ser de las primeras en perder el amparo migratorio, Maritza pasó a ser una de las más «favorecidas» con la prórroga, cuya solicitud se limita a solo un mes.
El permiso de trabajo de Maritza expira en octubre próximo. La joven que está amparada por DACA desde el 2013 y no había enviado la renovación por temor a perder los casi 500 dólares que cuesta el tramite.
«Tenía que pagar mi matrícula de la universidad y nadie me daba la seguridad de que me iban a dar la renovación, así que decidí esperar» relata.
Maritza finalmente pidió un préstamo para pagar los 495 dólares que cuesta la renovación.
«Me da tristeza pensar que cuando me esté graduando voy a quedarme sin permiso para trabajar en mi profesión, pero faltan dos años y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas», indica.
En la misma zozobra se encontraba Gloria García, oriunda de Ciudad de México, a quien se le vence el permiso de trabajo en enero.
García asegura que fueron días de mucha angustia y que entre las malas noticias del pasado martes (cuando el Gobierno puso fin al DACA), ella resultó una de las afortunadas al enterarse de la extensión de dos años.
Sin embargo, los sentimientos son encontrados porque muchos de sus amigos tendrán menos tiempo con el amparo.
«Varios amigos DACA«, así los identifica García, me preguntaron cuándo se vencía el permiso de trabajo y les dije que no había revisado, porque siento ‘feo’ que unos sí y otros no puedan extender su permiso», advirtió la muchacha que llegó a los seis años con su madre.
García, de 26 años, trabaja como asistente legal en una oficina de abogados de inmigración. Sabe de primera mano la decepción que se siente cuando las puertas se cierran para un indocumentado.
A pesar que probablemente García no logrará el sueño de convertirse en abogada, ella cree que esta es una señal de esperanza y que hay que continuar la lucha.
«Esto me está despertando. Voy a involucrarme más con la comunidad para presionar por una reforma migratoria que tanto «soñadores» como otros indocumentados nos merecemos», prometió la joven mexicana.
En la búsqueda de esa esperanza están miles de «soñadores» en California, donde vive uno de cada cuatro de ellos.
Texas, por su parte, es uno de los estados con más «soñadores». Allí, abogados y organizaciones sociales tienen «saturados» correos electrónicos y teléfonos.
«Quienes clasifiquen en este grupo tienen hasta el 5 de octubre para enviar la renovación; después no queda vía alguna», advirtió Fernando Romo, abogado de inmigración.
Romo considera que para la prórroga es necesario que los «soñadores» que se ajusten a las condiciones consulten a un experto en inmigración.
Aunque el formulario y los datos a suministrar siguen siendo los mismos, esta vez no puede existir ningún error.
«Estamos esperando que las autoridades federales amplíen la guía pero ya escuchamos que van a revisar caso por caso. No hay que dar margen a una negación de permiso», reiteró Romo.
En una teleconferencia de prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad de Frontera aseguraron que al menos 200.000 «soñadores» podrían calificar para la renovación del permiso de trabajo.
