El Gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente o no soliciten la protección en otras naciones.
La normativa, creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al Gobierno de Biden la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección.
Fuentes de la Casa Blanca explicaron que la normativa tiene la intención de «llenar el vacío» legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado «ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes».
«Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso», apuntaron dichas fuentes, después de que la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un período de alegaciones de 30 días.
Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse (como ha sucedido previamente), sí apuntaron que «la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes».
De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el Gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias excluyentes de la Administración de Donald Trump (2017-2021).
Entre ellas, eliminó el polémico Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como acuerdo de «tercer país seguro», que permitía a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen.
Sin embargo, las fuentes oficiales de la Administración de Biden quisieron desmarcarse de esta norma y aseguraron que la nueva no es igual.
«Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior», apuntaron. Así, la normativa «permitiría a las personas solicitar asilo en EE.UU. siempre que ingresen a través de una vía legal», insistieron.
El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
El gobierno del entonces presidente Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la covid-19, y Biden ha decidido extenderla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.
Sin embargo, con la pandemia ya dada por finalizada, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur
Critican plan de Biden
Defensores de los inmigrantes criticaron la propuesta del Gobierno del presidente Biden que impediría a extranjeros solicitar asilo si ingresan al país de forma irregular o si no tramitan esa protección en las naciones que han recorrido antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La normativa facilitaría al Gobierno la deportación de personas que cruzan irregularmente la frontera y piden asilo ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección.
La organización America’s Voice fue una de las primeras en criticar la iniciativa, que fue publicada este martes en el Registro Federal. Douglas Rivlin, director de Comunicación, consideró que la política “recuerda inquietantemente el enfoque de (Donald) Trump y Stephen Miller y es una ruptura deliberada con algunas de las tradiciones que más nos enorgullecen como nación”.
Fuentes de la Casa Blanca explicaron que la normativa tiene la intención de «llenar el vacío» legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 en mayo en vista de que el Congreso no ha tomado «ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes».
Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), señaló que “ya sea bajo el presidente Trump o el presidente Biden, estas prohibiciones de asilo son ilegales. La regla propuesta no debería avanzar”.
Al respecto Rivlin dijo que “deberíamos encontrar formas de arreglar y dotar de recursos completos a nuestro proceso de asilo, no idear formas de evitar que las personas que buscan seguridad accedan al proceso de asilo bajo nuestras leyes”.
La propuesta de la Administración demócrata obligaría a los solicitantes de asilo a pedir el beneficio en los países que transitan antes de llegar a EE.UU.
Al respecto, la organización Al Otro Lado, que ayuda principalmente a solicitantes de asilo en la frontera de California y México, dijo que “la mayoría de los países por los que viajan los refugiados para llegar a la frontera entre EE.UU. y México tienen sistemas de asilo subdesarrollados y, en algunos casos, no funcionales”.
“Esta propuesta de prohibición de asilo es una bofetada a las decenas de miles de personas que han arriesgado sus vidas para buscar seguridad”, agregó la organización.
La propuesta estará en un proceso de comentarios de públicos durante 30 días. La política está planeada para tener una vigencia de dos años.
Las fuentes de la Casa Blanca apuntaron que la intención es que el plan entre en vigencia cuando se elimine el Título 42 y «no antes».
Lee Gelernt, abogado de ACLU, dijo a la prensa que “demandaremos si esta Administración sigue adelante con una prohibición de tránsito, tal como demandamos con éxito por la prohibición de tránsito de Trump”.
