Veinte países del continente americano se comprometieron a expandir las oportunidades de migrar legalmente y reforzar la cooperación regional para contener la creciente llegada de indocumentados a la frontera de Estados Unidos y otros países, como Colombia, Ecuador o Costa Rica.
La llamada «Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección», una suerte de código de conducta continental en temas migratorios, se rubricó en un acto presidido por el presidente estadounidense, Joe Biden, en la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en la capital californiana. Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad», recalcó Biden.
Firmantes y ausentes
Firmaron el texto 20 países, entre ellos Estados Unidos, México y cuatro países de los que proceden muchos de los ingrantes indocumentados que tratan de llegar a territorio estadounidense: Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.
También lo suscribieron la mayoría de los países de tránsito y destino de muchos migrantes venezolanos, nicaragüenses y haitianos que han recorrido en los últimos años el continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Belice, Panamá, Canadá, Jamaica y Barbados.
Sin embargo, no rubricaron la declaración tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que transitan por la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el Gobierno estadounidense decidió no invitar a la Cumbre de las Américas por considerar que no son democráticos.
La Casa Blanca impulsó la declaración para mejorar la forma en que se «comparten responsabilidades» por los flujos migratorios irregulares, en un contexto de récords en la llegada de indocumentados a la frontera sur estadounidense, un tema que genera presiones políticas para Biden a nivel interno.
El mensaje de Biden en el acto de firma de la cumbre fue rotundo: su prioridad es «detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente» en la región.
«La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras», advirtió un presidente que ha recibido críticas por mantener en pie el llamado Título 42, una medida amparada en la pandemia por la que EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.
Aunque Biden anunció este año su intención de levantar esa medida, un juez federal le ha obligado a mantenerla en vigor de momento, y aunque esa norma impide solicitar asilo a la mayoría de quienes llegan, el flujo no ha hecho sino aumentar, con una caravana de 15.000 personas avanzando esta semana por el sur de México.
Visados temporales
Los países firmantes de la declaración se comprometieron a «fortalecer y expandir las vías de migración mediante programas de trabajo temporal», además de los programas de reunificación familiar y la regularización de migrantes, con algunos compromisos concretos.
México lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para dar oportunidades a entre «15.000 y 20.000 trabajadores de Guatemala» cada año, con la intención de ampliarlo a medio plazo para incluir también a Honduras y El Salvador.
Además, México integrará 20.000 refugiados en el mercado laboral formal dentro de los tres próximos años, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte, Canadá reafirmó que planea recibir este año más de 50.000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe; mientras que España -país observador- ha accedido a «duplicar» el número de vías legales para que los trabajadores hondureños participen en los programas circulares de migración españoles.
En tanto, Estados Unidos se comprometió además a ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los haitianos; y anunció 314 millones de dólares en ayuda humanitaria para venezolanos dentro y fuera de su país.
Tráfico de personas
A su vez, Costa Rica prometió renovar el estatus de protección temporal especial para los migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hubieran llegado antes de marzo de 2020, y Biden agradeció en particular los esfuerzos que ha hecho ese país y los de Ecuador.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, destacó durante el acto que es «urgente promover oportunidades de desarrollo en países de origen, por una parte, y por otra impulsar acciones para identificar y desarticular las mafias internacionales que controlan la migración irregular».
En ese último punto se enfocó uno de los anuncios de Estados Unidos, que reveló que desde hace dos meses tiene activa una operación encubierta «sin precedentes» para desmantelar redes de tráfico de personas en toda Latinoamérica, con más de 1.300 agentes desplegados por la región y 50 millones de dólares invertidos.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense calcula que eso ha provocado ya que a la frontera sur estadounidense lleguen «900 migrantes menos cada día», y asegura que sus esfuerzos no han hecho «más que comenzar», según un comunicado oficial.
La declaración fue bien recibida por expertos y defensores de los derechos de migrantes, aunque el Comité Internacional de Rescate (IRC) subrayó en un comunicado que «no está claro cómo se monitorearán esos compromisos» y que pueden caer en saco roto «sin financiamiento a largo plazo y voluntad política».
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