Silvia Pillajo, una madre viuda de 38 años de Quito, Ecuador, llegó a la ciudad de Nueva York con su hijo de 13 años, Diego, en agosto. Como tantos migrantes antes que ella, Pillajo cruzó el Darién Gap, imaginando una nueva vida de oportunidades y alivio financiero en Estados Unidos.
«La situación en Ecuador es mala… hay muchas personas malas, mucha delincuencia», dijo Pillajo. «No hay apoyo para la gente… en lugar de progresar, retrocede. Por eso personas como yo han emigrado a la tierra de las maravillas».
Pillajo es una de más de 100,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera pasada. Después de llegar, la ubicaron en un refugio en la calle 96 este de Manhattan con su hijo de 13 años. Para ganarse la vida, Pillajo tomó prestado dinero de un amigo para comprar un carrito y comenzó a vender mangos en estaciones de metro concurridas en el centro de Nueva York.
«Llegué y estaba en un refugio, desesperada porque no he podido encontrar un buen trabajo», dijo Pillajo. «Vi a mucha gente vendiendo, y comencé a vender».
Después de un largo día vendiendo mangos en septiembre, Pillajo fue abordada por agentes del Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes le dieron una multa inicial por vender sin licencia, y cuando le pidieron su identificación, ella titubeó, entrando en pánico al ver a la policía porque temía que afectara su estatus de deportación. La reticencia de Pillajo hizo que la policía le impusiera una multa adicional de $1,000. Durante los últimos meses, ha estado tratando de entender cómo pagar esta deuda, dado que no tiene dinero y no tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Desde principios de 2022, el NYPD ha emitido 3,392 multas a vendedores ilegales, marcando un aumento del 53% desde los niveles previos a la pandemia. Mercados populares de alimentos como Corona Plaza en Queens, en su mayoría operados por migrantes, cerraron en julio porque muchos de los vendedores no tenían licencias. Además, migrantes como Pillajo que venden frutas, churros o barras de caramelo también han sido blanco de la aplicación de la ley.
Según la senadora estatal Jessica Ramos, que representa a los vecindarios de Queens de Corona, Elmhurst, East Elmhurst y Jackson Heights, los obstáculos para obtener un permiso de venta han desalentado a los migrantes de hacerlo. Ahora, la ciudad tiene un mercado de venta ambulante subterráneo que incluye a unas 20,000 personas sin permisos reales.
«A menudo, los inmigrantes no comprenden cuáles son sus derechos», dijo Ramos. «Mientras continuamos abogando por cambiar esas leyes y establecer un sistema real, necesitamos que los inmigrantes comprendan cuáles son las regulaciones y, con suerte, actúen lo mejor posible».
Según Ramos, si Pillajo hubiera entendido sus derechos, habría podido impugnar esta multa, que probablemente no debería haber sido emitida en primer lugar. Dado que Pillajo tenía un carrito cubierto y no estaba vendiendo en el momento en que la detuvieron, la policía no tenía derecho a darle una multa por venta ambulante.
En los últimos meses, Pillajo ha superado obstáculos burocráticos en un esfuerzo por lidiar con sus multas. Visitó la Corte y Audiencias Administrativas de la Ciudad tres veces, solo para entender cuáles son sus próximos pasos. Más de una vez, no había traductores de habla hispana para explicarle la situación.
«Llegué y simplemente me quedé allí, esperando solo para que me dijeran que un juez me llamaría», dijo Pillajo. «Por teléfono, el juez me dijo que estaba imponiendo una multa de $1,000, lo cual creo que es injusto. No debería ser por trabajar que me multen. No creo que sea correcto».
Pillajo podría apelar el caso, un proceso largo y complejo para alguien que no habla inglés. Ahora, está tratando de entender cómo conseguir $1,000 para pagar la multa.
Pillajo comenzó brevemente a trabajar con una agencia que ayuda a los migrantes a encontrar trabajo por una tarifa de colocación. La agencia le encontró a Pillajo una familia en Brooklyn para limpiar, pero cuando no pudo pagar la tarifa, perdió el trabajo. Desde entonces, pasa sus días caminando por la ciudad tratando de encontrar trabajo sin éxito.
«Ahora, no puedo defenderme, no tengo medios para mantener a mis hijos», dijo Pillajo. «No niego las leyes, pero son muy severas, muy duras e injustas, porque uno quiere trabajar, y me gustaría que se tuvieran en cuenta estos casos. No sé a dónde enviarlo, al presidente, al alcalde. Soy ecuatoriana. También queremos una oportunidad, como todos los demás».
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