El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el conservador John Roberts, reprendió al madatario Donald Trump, tras sus ataques al juez federal que bloqueó la aplicación de una ley con la que el líder republicano ordenó expulsar a más de 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador.
El magistrado Roberts se pronunció horas después de que Trump acusara al juez James Boasberg de «lunático de la izquierda radical» y pidiera que fuera «destituido».
«Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución (impeachment, en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito», aseguró Roberts en un comunicado.
Todo comenzó después de que el presidente estadounidense invocara el sábado la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada hasta ahora en tiempos de guerra, argumentando que EE.UU. estaba sufriendo una «invasión» de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas.
Trump la firmó en secreto el viernes y esta se hizo pública el sábado a las 16.20 hora local. Mientras Boasberg estudiaba en una audiencia su legalidad, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.
Según ese análisis, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EE.UU. hasta que se resolviera el litigio.
El movimiento de Roberts, que no suele emitir este tipo de comunicados, ha sido interpretado por la mayoría de analistas como una forma de frenar a Trump y a los suyos en sus peticiones de destituir a los jueces que fallan en su contra en un intento de seguir tensando los límites de la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
En 2018, el magistrado y el mandatario ya tuvieron un rifirrafe después de que Trump atacase a un juez que dictó en contra de su política de asilo.
Además de las críticas a algunos jueces, los seguidores de Trump han atacado a la magistrada del Supremo Amy Coney Barrett, que fue nombrada miembro de ese tribunal por el republicano en 2020, después de que esta votara junto a Roberts y los jueces liberales en contra de una de las medidas de la Administración para congelar fondos para ayuda internacional.
No darán datos de los vuelos
El Gobierno de Donald Trump afirmó que no remitirá a un juez federal detalles sobre dos de los vuelos en los que el sábado se deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, al considerar que la Administración no vulneró la orden que ese mismo magistrado emitió para que se los devolviera a territorio estadounidense.
Pese a la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, un total de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron a unos 200 venezolanos -que el Gobierno de EE.UU. asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.
Para el operativo, Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense sin vista judicial previa.
El lunes Boasberg pidió al Departamento de Justicia que le remitiera este marte información sobre todo el operativo, incluyendo datos sobre dos vuelos que despegaron de suelo estadounidense antes de que el magistrado emitiera por escrito su orden a las 19:25 hora local del sábado.
«El Gobierno sostiene que no existe justificación para ordenar la presentación de información adicional, y que hacerlo sería inapropiado», reza la documentación presentada ante la corte por el mencionado departamento.
El escrito asegura que «incluso aceptando la versión de los hechos de los demandantes, no se violó la orden escrita del Tribunal (ya que los vuelos pertinentes abandonaron el espacio aéreo estadounidense, por lo que sus ocupantes fueron ‘retirados’ antes de que se emitiera la orden)» y a su vez argumenta que «las declaraciones orales previas del Tribunal (emitidas a las 18.47 hora del Este) no eran ejecutables de forma independiente como medidas cautelares».
El Gobierno estadounidense concluye que al estar el proceso en fase de apelación (el lunes solicitó que se retirase a Boasberg de la causa alegando un «ejercicio inapropiado de competencias») «no se debería exigir al Gobierno que revele información sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones exteriores hasta que se resuelva dicha solicitud, especialmente dado que esta información no es relevante ni urgente».
El Departamento de Justicia ha cuestionado que la orden de Boasberg en su forma verbal fuera vinculante y también que el juez tenga competencia sobre la política migratoria del Gobierno.
Uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la «crisis constitucional» que plantea el caso, mientras distintos miembros del Gobierno Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en EE.UU
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