El Salvador ha pedido a Honduras y Haití trabajar juntos para que el Congreso apruebe una vía a la residencia permanente para todas las personas beneficiadas ahora por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que se quedarán sin protección en menos de dos años.
Así lo explicó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, en una rueda de prensa en Washington tras días de reuniones en el Capitolio para convencer a los legisladores tanto republicanos como demócratas de ofrecer una alternativa al TPS.
«El planteamiento que hemos hecho en todas las reuniones es para todas las personas amparadas por el TPS, les he enviado una nota a Honduras y Haití para unir esfuerzos en las gestiones en el Congreso», indicó.
Con la canciller de Honduras ya mantuvo una reunión al respecto, pero no pudieron viajar juntos a Washington esta semana porque el Gobierno de Juan Orlando Hernández está concentrado ahora en la política interna tras la crisis postelectoral y las protestas por la investidura.
Por su parte, al Gobierno haitiano le seguirá «insistiendo», señaló Martínez, sin precisar.
Lo que busca El Salvador es «un camino que brinde a los beneficiarios del TPS la posibilidad de pasar a ser residentes permanentes» a imagen de la ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara).
Esa norma fue aprobada por el Congreso en 1997 y protegió de la deportación a ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, así como a inmigrantes de algunos países de la desintegrada Unión Soviética.
El Salvador está de acuerdo tanto con las propuestas que hay en el Congreso específicamente para los ciudadanos con TPS, un total de cinco, como con quienes quieren vincular esta negociación a la del programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia, al que también ha puesto fin el presidente, Donald Trump.
«Apostamos por cualquier solución que brinde el paso de la temporalidad a la residencia, esa es la apuesta fundamental», subrayó.
Además de las negociaciones en el Congreso, el Gobierno de El Salvador trabaja con sus consulados para asesorar a los beneficiarios con TPS que disponen una vía legal para quedarse en el país tras el fin del programa, como los que tienen hijos estadounidenses mayores de 21 años o los casados con un estadounidense.
El Salvador cifra en 195.000 los salvadoreños con TPS, una numerosa comunidad que se quedará sin esa protección en septiembre de 2019.
El Gobierno Trump también ha puesto fin al TPS para haitianos y nicaragüenses: los primeros, 58.706, verán el fin de su protección en julio de 2019; y los segundos, 5.349, el 5 de enero de ese año.
Sin embargo, la Casa Blanca ha hecho una excepción con Honduras, cuyo Gobierno considera aliado clave, y ha extendido provisionalmente el TPS para sus 86.163 beneficiarios hasta el 5 de julio de 2018, fecha en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá pronunciarse de nuevo al respecto.
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