Las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump tienen un severo impacto en las comunidades fronterizas, donde familias inmigrantes viven en miedo constante de ser deportados y pueden ser blanco del abuso de poder de oficiales migratorios, indicaron hoy expertos.
«Los padres de familia están dejando de llevar a sus hijos a sus citas medica ante el miedo de ser deportados, lo que significa que los niños están dejando de ser vacunados y recibir atención medica inclusive por enfermedades crónicas», dijo Kimberly Ávila Edwards, representante Sociedad Pediátrica de Texas y miembro de la Academia Americana de Pediatría.
La especialista fue parte hoy de un foro en el que también participaron miembros del Caucus Latino y del Caucus Progresista, en donde se resaltó que muchos menores que residen cerca de la frontera sufren de constante estrés.
Ávila agregó que algunos padres hispanos «están dejando vencer las coberturas medicas de sus hijos por miedo de ser identificados y deportados, a pesar de que son ciudadanos de Estados Unidos».
Por su parte, Greg Ewing, el superintendente de Educación de las Escuelas Públicas en Las Cruces en Nuevo México, dijo que muchos estudiantes temen que sus padres puedan ser detenidos y deportados en cualquier momento.
«Hemos tenido que convencer a las familias de que las escuelas son lugares seguros, modificar las rutas de los camiones (autobuses) para que los padres no tengan que caminar por las calles», manifestó Ewing.
Indicó que el pasado mes de febrero la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo varias redadas en Las Cruces y durante este periodo las escuelas reportaron casi un 60 % de incremento de ausencias entre los estudiantes.
«Cuando la administración del presidente Trump anunció el término del programa de la Acción Diferida (DACA) tuvimos que enviar cartas a los estudiantes y hablar con ellos, convencerlos de que siguieran estudiando la escuela secundaria», recordó.
La congresista Michelle Lujan Grisham, presidenta del Caucus Latino, indicó que su oficina ha recibido quejas de personas que afirman haber sido víctimas de perfil racial en retenes fronterizos y señaló que estas acciones de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) deben de tener «consecuencias».
Por su parte, el congresista por Arizona Raúl Grijalva cuestionó la efectividad de la incorporación de cámaras de vídeo en los uniformes de los agentes de la Patrulla Fronteriza y CBP.
Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pusieron de relieve casos de abusos por parte de agentes de CBP, en especial la detención de la menor de 10 años Rosa María Hernández, quien sufre parálisis cerebral y fue arrestada tras pasar por un retén de la Patrulla Fronteriza en Texas.
