La crisis del coronavirus sigue golpeando fuerte en Long Island, sobre todo a comunidades inmigrantes y de minorías quienes además de estar expuestas a un mayor riesgo de contagio, afrontan necesidades alimentarias, de salud o de vivienda asequible por la falta de ingresos económicos o la pérdida de puestos de trabajo debido al COVID-19.
En esta situación de vulnerabilidad sobrevive una familia hispana que por atrasarse en el pago de la renta del departamento que alquilan en Franklin Square, denuncian que son víctimas de represalias, amenazas e intentos de desalojo ilegal de parte del arrendatario, sufriendo en plena pandemia los cortes de servicios básicos de agua, de energía eléctrica (por varios meses), y lo que es peor, recibiendo insultos discriminatorios al exigirles el pago del alquiler.
«Me han cortado el agua dos veces, justo la semana pasada me la volvió a cortar otra vez y me tuvieron como 8 días sin agua», se queja la inquilina Brenda Castillo, inmigrante oriunda de Guatemala y madre soltera de 4 hijos nacidos en Estados Unidos, quien se dedicaba a limpiar casas pero a raíz del coronavirus perdió su empleo y así comenzó a padecer esta terrible pesadilla.
«La situación económica mía no es muy buena … Ahora estoy haciendo un part-time en 7-Eleven pero no es nada lo que gano», nos confiesa Castillo quien teme ser desalojada de donde vive.
Cabe indicar que el departamento de Castillo se ubica en un segundo piso sobre unas oficinas, tiene goteras en tuberías y techos, un baño con moho (hongos) por la filtración de agua, ventanas defectuosas y presencia de cucarachas grandes.
«Ella (la propietaria de origen italiana-americana) no arregla nada, el departamento está en malas condiciones», señala Castillo. «La estufa no me sirve hace un año y medio, tuve que comprarme una hornillita eléctrica para poder cocinar. A ella (la dueña) no le importa eso, no le interesa … solo quiere el dinero de la renta».
En medio del problema, Castillo se siente muy afectada por lo duro que es juntar los 2100 dólares de renta que paga al mes y ya está debiendo varios meses.
«Yo sufro problemas de salud, diabetes, alta presión. Yo caí mal, terminé en el hospital, con stress por el miedo de ir a parar a la calle con mis hijos», afirma.
La inquilina guatemalteca vive con un hijo menor de edad (17 años cumplidos) estudiante de secundaria -con virtuales desde casa-, una hija de 20 años con necesidades especiales, y dos hijos jóvenes que también perdieron sus trabajos por el COVID-19, aunque recientemente ellos cuentan con empleo temporal y le ayudan a su mamá pero no es suficiente.
Castillo, quien no cuenta ni con residencia permanente ni con TPS que la proteja, nos dice que ha cambiado las chapas de la puerta del departamento que habita por temor a más represalias.
Justo la semana pasada el hermano y el padre de la dueña llegaron a pedirle las nuevas llaves con el pretexto de hacer reparaciones «… cuando ellos quisieran» pero la inquilina centroamericana se negó a entregárselas recibiendo a cambio insultos racistas y encima le cortaron el agua de forma abusiva.
Mediación de la policía
Ante la desesperante situación, Castillo se contactó con Ana Poppe, de Long Island Housing Services, quien ha sido como un ángel salvador para asesorarla y ayudarle a restablecer los servicios cortados.
«Este caso escaló hasta la oficina del Comisionado Ryder, de la Policía del condado de Nassau, quien designó un sargento que manejó muy bien la situación y la inquilina quien estaba por meses sin agua y sin electricidad (siendo ella la titular de la cuenta de la luz) por una desconexión arbitraria del dueño de casa como método para desalojarla», indica Poppe, consultora de vivienda certificada por HUD.
«Con la pandemia de por medio, hemos recibido muchas quejas y el denominador siempre es la desinformación. Tanto inquilinos como dueños de casa no saben sus derechos y responsabilidades, sobre todo en nuestra comunidad que por las barreras culturales o del idioma, nos hacen más vulnerables», enfatiza.
Según Poppe el dueño de casa está en su derecho de demandar un plan de pago o llevar a corte donde manifieste si quiere continuar el inquilinato bajo un acuerdo de pagos o si prefiere el desalojo de la inquilina y acordar un plan de pagos del monto adeudado.
Pero en este caso de Castillo, el propietario del departamento no ha tomado ninguna acción legal ni ha tenido tolerancia ante la situación delicada que todos atravesamos por la pandemia del COVID-19. Al contrario, decidió proceder al corte ilegal de servicios de agua y electricidad. La ley dice que estas son razones suficientes para llamar a la policía por un desalojo ilegal.
Por ahora, Brenda Castillo pide más tiempo para resolver el problema con el alquiler, poder juntar dinero y no volver nunca más a sufrir el drama, los gritos y la intimidación, sobreviviendo como sea sin tener agua ni luz en medio del coronavirus.
- Más del Coronavirus : Cuomo extiende prohibición de desalojo mientras De Blasio pide alivio al Congreso
