La Fiscal General Estatal, Letitia James, presentará una demanda contra la nueva Regla de Carga Pública de la Administración Trump, una medida que tiene como objetivo restringir la inmigración legal, negando las tarjetas de residencia permanente y visas a los inmigrantes que se beneficien o hayan usado los programas de asistencia del gobierno.
Dicha normativa tendría impactos a corto y largo plazo en la salud pública y la economía. La demanda, presentada con el respaldo de la Ciudad de Nueva York, y los Estados de Connecticut y Vermont, fue entablada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, contra los planes del gobierno de Trump, de intimidar a inmigrantes de color, al tiempo que pone en riesgo la seguridad de miembros de estas comunidades.
«Generaciones de ciudadanos desembarcaron en las acogedoras costas de la famosa isla Ellis, o ‘Ellis Island’, con nada más que un sueño en sus bolsillos», dijo la Fiscal General Letitia James.
“Los esfuerzos poco velados de la Administración Trump de permitir que solamente aquellos que cumplen con sus estrictos criterios étnicos, raciales y económicos ingresen a nuestra nación son una clara violación de nuestras leyes y nuestros valores. Simple y sencillamente, bajo esta nueva regla, más niños pasarán más hambre, más familias se quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y en las calles, sin un hogar. No podemos permitir y no dejaremos que eso suceda».
En la demanda, la coalición alega que la nueva definición de carga pública realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tiene en cuenta la intención clara del Congreso, e ignora un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivos, no se consideran cargas públicas porque no dependen principalmente del gobierno.
Además, la nueva regla de carga pública convierte en un arma política la investigación de carga pública que afecta, principal y específicamente a inmigrantes de color, inmigrantes con discapacidades, e inmigrantes de bajos ingresos.
Finalmente, la propuesta de Trump fundamentalmente malinterpreta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes que llegan a este país con medios limitados a salir de la pobreza a través de un proceso de movilidad ascendente.
BREAKING: We filed a lawsuit against the Trump Admin’s @EPA over its Affordable Clean Energy rule.
The science is indisputable; our climate is changing. Ice caps are melting. Sea levels are rising. Weather is becoming more and more extreme.
That’s why we are fighting back. pic.twitter.com/jva7jxLQGX
— NY AG James (@NewYorkStateAG) August 13, 2019
Inmigrantes afectados
Se estima que las comunidades inmigrantes en el Estado de Nueva York se verán fuertemente afectadas por la nueva norma.
Se espera que disminuya la inscripción en programas de cupones de alimentos, Medicaid y otros programas de asistencia para la vivienda, lo que lleva a tasas más altas de condiciones médicas no diagnosticadas y no tratadas como la desnutrición, diabetes, obesidad, cáncer y muchas más.
Económicamente, se puede esperar que las comunidades afectadas experimenten mayores tasas de pobreza, inestabilidad de las viviendas, una fuerza laboral reducida y una disminución general en el índice de la productividad económica.
Este caso es procesado por la Abogada Litigante Principal, Elena Goldstein; la Jefa de la Sección de Ejecución Civil del Buró de Asuntos Laborales en la Fiscalía Estatal, Ming-Qi Chu; y los Fiscales Generales Adjuntos, Abigail Rosner, Amanda Meyer y Ajay Saini; bajo la supervisión del Consejero Jefe de Iniciativas Federales, Matthew Colangelo.
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