Desde la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero de 2017, los arrestos en los juzgados por parte de agentes de ICE se han disparado en más del 1,700 por ciento en Nueva York, lo que ha provocado un efecto de desconfianza generalizado en los no ciudadanos que desean iniciar y participar en el sistema judicial.
La fiscal general Letitia James presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 25 de septiembre, desafiando la legalidad de la práctica de realizar arrestos civiles migratorios sin una orden judicial u orden de la corte en los tribunales del estado de Nueva York y sus alrededores.
«La administración de justicia y seguridad pública se encuentran entre las funciones más importantes del estado, y seré implacable en su defensa», dijo James. “Cuando ICE se enfoca en testigos y víctimas para arrestarlos, disuade a los no ciudadanos e inmigrantes de ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley estatales y locales, así como proteger sus propios derechos en los tribunales. Esta es una ruptura desastrosa y peligrosa de la política anterior y es por eso que estamos luchando para obligarlos a poner fin a esta práctica».
Cerca de 400 inmigrantes, tanto indocumentados como con estatus legal, han sido arrestados mientras aparecían en los tribunales estatales y sus alrededores desde enero de 2017. El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, se unió a la demanda y dijo: «En los últimos dos años, numerosas víctimas inmigrantes y testigos se han negado a presentarse y ayudar en nuestros procesos por temor a ser arrestados en la corte por agentes de inmigración, obligando a mi oficina a desechar o reducir casos penales graves».
El fiscal de distrito interino de Queens John M. Ryan y los fiscales de Manhattan Staten Island y el Bronx no se unieron a la demanda.
Por su parte, la Sociedad de Asistencia Legal presentó una segunda demanda en busca de una orden judicial permanente que ordene la suspensión de los arrestos en juzgados de ICE en nombre de un demandante individual, un sobreviviente de violencia doméstica no ciudadano que necesitaba comparecer ante el tribunal para una orden de protección, pero temía el riesgo de ser arrestado por ICE llegando al juzgado.
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