El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una nueva norma que busca elevar los estándares bajo los cuales se puede solicitar asilo en la frontera sur.
La regla, que pasará a una fase de revisión antes de entrar en vigor, instruirá a los agentes de migración a prohibir que las personas consideradas un «riesgo para la seguridad pública o nacional» puedan presentar una solicitud de asilo y ser, por lo tanto, admitidas dentro del país.
Estos filtros ya se aplican a la hora de estudiar los casos de asilo, pero con esta nueva medida el Ejecutivo permite que sean utilizados durante la fase de las entrevistas de «miedo creíble», en donde se decide si una persona cumple o no con los requisitos para solicitar protección tras cruzar la frontera con México.
La Administración de Biden estima que estos nuevos estándares solo afectarán a una pequeña cantidad de gente. En concreto, a quienes tienen un historial criminal serio o que están vinculados a actividad criminal. «Y eso es solo un porcentaje pequeño de todas las personas» que son detenidas cada día en la frontera sur, señaló durante un funcionario de alto rango en una llamada con periodistas.
Las personas a las que se les niega la posibilidad de solicitar asilo son expulsadas a México de manera inmediata o entran en un proceso formal de deportación, dependiendo de su nacionalidad.
El Gobierno también anunció una nueva directriz para los funcionarios de migración en la que se les pide considerar si un solicitante de asilo podría «trasladarse» a otro lugar del país de donde está huyendo.
«Seguiremos tomando acciones, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido», señaló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
Estas nuevas medidas llegan en medio de un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas centrales. El expresidente y precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump (2017-2021), ha adoptado una retórica antiinmigrante y acusa a Biden de haber creado una «crisis» en la frontera.
Organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes criticaron las medidas anunciadas, asegurando que erosionan el «debido proceso».
«Limitan el acceso a la protección de personas que pasan por una alta vulnerabilidad, van en contra de sus derechos y dañan el compromiso de EE.UU. de ofrecer asilo a las personas en la frontera», señaló Marisa Limón, directora ejecutiva de la ONG Las Américas, con sede en El Paso (Texas).
No es la primera vez que la Casa Blanca anuncia cambios a las regulaciones sobre el asilo en un intento por limitar la llegada de personas a la frontera sur.
Justo hace un año, el Gobierno demócrata introdujo una serie de cambios que califica como «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.
Aunque el número de detenciones en la frontera ha disminuido significativamente durante los primeros meses de este año, en 2023 EE.UU. reportó un récord de más de 2,3 millones de arrestos de migrantes.
El contexto global de un incremento histórico en la cantidad de desplazados en el continente, junto a la presión por parte de la oposición y el ala moderada de su partido, ha llevado a que Biden abandone sus promesas de campaña de «restaurar» el sistema de asilo.
Por el contrario, la Administración demócrata mantuvo durante los primeros años políticas restrictivas heredadas del Gobierno anterior, como el llamado Título 42, que permitía las devoluciones en caliente, para luego ampliarlas o reemplazarlas con nuevas normas que buscan limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera sur.
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