El Gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del estatus de protección temporaria, o TPS, para los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán, que debía terminar el mes próximo, hasta octubre de 2021.
El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que, a criterio del Gobierno estadounidense, abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, y un gran número de extranjeros con ese amparo han vivido en Estados Unidos por décadas.
Actualmente hay unas 400.000 personas, oriundas de una decena de países designados por Washington para el programa. Los grupos más numerosos en TPS son los salvadoreños con unas 250.000 personas, los hondureños con 75.000 y los haitianos con 50.000 beneficiarios.
La extensión del amparo por otros nueve meses permite que los beneficiarios permanezcan legalmente y puedan trabajar sin temor de la deportación.
El gobierno del presidente Donald Trump había ordenado la terminación del TPS para los ciudadanos de Haití, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Sudán, pero un tribunal de distrito en el norte de California ordenó la suspensión de esa orden.
En septiembre el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Distrito invalidó el pronunciamiento del tribunal en California, pero no emitió una orden que hiciese su propio fallo efectivo lo cual, de hecho, dejó en pie la suspensión dispuesta por el tribunal anterior.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajó el pasado viernes a Washington, donde pidió la ampliación del TPS en su reunión con senadores y congresistas de Estados Unidos, mientras que el canciller de este país, Lisandro Rosales, se reunió con Chad Wolf, director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para hablar del mismo particular.
Rosales indicó que su gobierno había pedido un nuevo programa de TPS y añadió que «la situación social y económica ha sido golpeada duramente no sólo por la pandemia (de la covid-19) sino también por (los huracanes) Eta e Iota».
Este lunes, asimismo y en cumplimiento con una orden judicial, el gobierno de Trump reactivó la recepción de solicitudes para el programa de Acción Diferida (DACA), que ampara a inmigrantes que fueron entraron ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El viernes el juez federal Nicholas Garaufis, del Distrito Federal del Este de Nueva York, invalidó las decisiones tomadas durante el verano por el secretario interino del DHS, Chad Wolf, y dispuso la reapertura de la recepción de nuevas solicitudes de amparo en DACA a más tardar este lunes, orden que el Gobierno cumplió ese mismo día.
«El DHS cumplirá con la orden del juez Garaufis mientras esta permanezca en vigor, pero el DHS puede solicitar amparo de la orden», indicó DHS en su página web.
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