Este martes, 19 de junio, residentes hispanos de Brentwood, presentaron oficialmente una demanda contra la ciudad de Islip por violar la Ley de Derechos Electorales.
En la demanda se alega que el sistema de votación de Islip viola la ley electoral al impedir que los miembros de la comunidad latina del pueblo de Islip a sus elijan a sus candidatos favoritos para la Junta Municipal, a pesar de la fuerza que la comunidad latina tendría como bloque de votación bajo un sistema de distritos uninominales.
Los abogados de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, las Oficinas Legales de Frederick K. Brewington y Newman Ferrara LLP presentaron la demanda en representación de Ana Flores, René Flores, María Magdalena Hernández, Magali Román, Make the Road New York, y Comunidades de Nueva York para el Cambio contra la ciudad de Islip, la Junta Municipal de Islip y la Junta de Elecciones del condado de Suffolk.
«Como residente de Islip desde hace mucho tiempo, he visto una y otra vez cómo la Junta Municipal nos ha tratado a la comunidad latina como ciudadanos de segunda clase», dijo María Magdalena Hernández, demandante en el caso y miembro de Make the Road New York.
Para Walter Barrientos, director organizacional de Long Island de Make the Road New York, asociación que trabaja en pro de la comunidad latina, la demanda es necesaria ya que “se presenta un constante acoso y se evidencia falta de apoyo en el lenguaje lo que dificulta a las personas obtener ayuda por parte de las autoridades competentes”.
Esto en referencia a otra de las quejas hacia el municipio en lo que consideran que ha fallado repetidamente en proporcionar servicios de traducción e interpretación a residentes de habla hispana los cuales a menudo se encuentran con hostilidad o indiferencia cuando piden ayuda a las autoridades locales y a los servicios municipales.
Carencia de servicios
Asimismo, el principal objetivo de la demanda en curso, es la atención de las necesidades de la comunidad latina y la carencia de servicios que ofrecen en relación con los que brindan a las comunidades vecinas con población mayoritariamente anglosajona.
Los residentes de Brentwood indican que el Departamento de Obras Públicas ignora las solicitudes presentadas para reparar o implementar nuevas señales de tráfico o cambio de semáforos en mal estado de los sectores latinos, así mismo se indicó que el sistema de limpieza de las calles y recolección de basura no es adecuado en los sectores donde predominan los hispanoparlantes.
«El ayuntamiento maneja las quejas de nuestros vecindarios de manera diferente a como maneja las quejas de otras partes de Islip», dijo Magali Roman, otra demandante en el caso. «Cuando las personas de la comunidad latina llaman para denunciar que las calles que necesitan ser reparadas, el pueblo no nos responde.
Los latinos conforman cerca de un tercio de la población total de la localidad, sin embargo, ningún latino forma parte de la Junta Municipal de Islip.
Negligencia ambiental
La comunidad también reclama la negligencia ambiental de la ciudad de Islip, que según ellos, comenzó hace 5 años y que aún se encuentra sin respuesta.
En el 2013 miles de desechos tóxicos (asbesto) fueron arrojados en el Parque Roberto Clemente. Por estos hechos algunos funcionarios fueron sentenciados, sin embargo, el parque aún no ha sido declarado oficialmente seguro.
Las prácticas discriminatorias de zonificación y uso del suelo del pueblo también han permitido la industrialización de grandes extensiones de Central Islip y Brentwood, a menudo muy cerca de desarrollos residenciales, lo que ha impactado la salud de los residentes latinos.
En el 2015, la ciudad ignoró la salud y seguridad de los residentes de Brentwood aprobando rápidamente el establecimiento de una planta de reciclaje de chatarra y trituradora de metal cerca de un vecindario, a pesar de la oposición de la Comisión de Planificación del condado de Suffolk y la comunidad.
Sistema político corrupto
Los demandantes también alegan que se preserva un sistema político injustificable, inflado y corrupto que actualmente no se controla y permite que los funcionarios electos de las comunidades predominantemente blancas permanezcan en el poder.
«Al presentar esta demanda, los residentes latinos del pueblo de Islip dejan en claro que ya no serán relegados a un estado de segunda clase», dijo Greg Laufer, socio de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
«Cuando me hice ciudadana, pensé que nunca sería tratada como un ciudadano de segunda clase en mi propio país», agregó Ana Flores.
«Me prometieron que, como ciudadana, con mi voto podría elegir a quien me represente a mí y a mi comunidad. Aquí, en la ciudad de Islip, esa promesa nunca se cumplió. ¡Hoy demandamos para garantizar nuestro derecho, como ciudadanos de esta comunidad, a elegir a los miembros de la junta que nos representan!».
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