Un gran jurado de Queens acusó al propietario y al gerente de una farmacia en Corona, por su participación en un esquema de desvío de medicamentos y sobornos de varios millones de dólares que involucra medicamentos para el VIH, anunció la fiscal general Letitia James el 7 de julio.
Juan Poveda, de 32 años, del condado de Nassau, propietario de la farmacia Santiago, y su gerente Javier Burbano, de 32 años, de Queens, fueron arrestados y comparecieron ante la jueza Michelle Johnson de la Corte Suprema de Queens bajo cargos de gran robo, fraude en atención médica y violación de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York.
La Unidad de Fraude de Medicaid (MFCU) de la fiscalía general describió un esquema en el que Poveda y Burbano presuntamente pagaron o dirigieron a otros a pagar sobornos en efectivo a los beneficiarios de Medicaid para alentarlos a llenar sus recetas de VIH en la farmacia Santiago. Luego, la farmacia Santiago, ubicada en el 40-43 de Junction Blvd., facturaba a Medicaid y recibía millones de dólares por esas recetas. La ley estatal prohíbe a todos los proveedores médicos, incluidas las farmacias, pagar u ofrecer pagar a alguien por la referencia de servicios médicos pagados por Medicaid.
Según los documentos judiciales, Poveda y Burbano robaron más de $2.9 millones de Amida Care, una organización de atención administrada financiada por Medicaid, al facturar medicamentos, incluido el costoso medicamento retroviral para el VIH Biktarvy, que no se obtuvieron legalmente o que nunca existieron. Poveda presuntamente intentó ocultar los fondos obtenidos fraudulentamente canalizando los ingresos delictivos de las cuentas de la farmacia Santiago a través de cuentas bancarias sin operaciones comerciales aparentes, incluyendo B&H Health Distributors Inc. y Pobal Cargo, LLC.
«Confiamos en que las farmacias atiendan las necesidades y el bienestar de sus pacientes, no que se aprovechen de nuestros vecinos más vulnerables para llenar sus propios bolsillos», dijo James. «Las personas que viven con el VIH pueden llevar vidas plenas y saludables tomando medicamentos adecuados según lo recetado por sus médicos».
Los cargos por gran robo y lavado de dinero son delitos graves de clase B y conllevan una pena máxima de 25 años de prisión. El fraude en atención médica es un delito grave de clase C y conlleva un máximo de 15 años de prisión, según la oficina de la fiscal general.
«Estafas como la que se alega en esta acusación engañan a los neoyorquinos en cuanto a su salud», dijo James. «Robar a Medicaid es un crimen reprensible, y los neoyorquinos pueden confiar en que mi oficina responsabilizará a estos actores malintencionados».
Agregó que también se han ejecutado órdenes de registro en la farmacia Mi Botica en Flushing y en la farmacia Corona Chemist en Corona como parte de una investigación continua sobre fraude en atención médica.
Notas relacionadas: Adams pide a donantes que «sigan las reglas» después de que seis personas fueran acusadas de fraude para impulsar su campaña de 2021
