Los hondureños y salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) aseguran que si la Casa Blanca no renueva este programa, su economía familiar sufrirá un duro golpe, tanto en EEUU como en sus países de origen, a donde enviaron ya 7.000 millones de dólares en remesas este año.
«Si el presidente Donald Trump me quita el TPS me mata», dijo a Efe Iris Acosta, emigrada de Tegucigalpa (Honduras), en 1992, y quien actualmente trabaja como camarera de hoteles.
«Soy sobreviviente de cáncer y si pierdo mi trabajo y mi seguro médico ya no podré pagar chequeos médicos y tratamientos preventivos», acotó.
La miembro del sindicato de trabajadores de Hoteles, Casinos y Similares (UNITE HERE) pertenece a un grupo de más de 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses, a quienes después del paso del huracán Mitch en 1998 por sus países, el gobierno de Estados Unidos les otorgó el TPS.
El documento les protege de la deportación, extiende permisos de trabajo y es válido hasta el 5 de enero 2018.
Pero la incertidumbre surgió a raíz de que la administración Trump anunció, en mayo pasado, que extendía sólo por 6 meses la validez del TPS a más de 58.000 haitianos, amparo otorgado a cuenta de un terremoto ocurrido en Haití en 2010.
El próximo 6 de noviembre el gobierno estadounidense hará pública su decisión sobre el TPS para los inmigrantes de las naciones afectadas por el Mitch.
«Siento que estamos a pocos días del estallido de una bomba de tiempo», describió Acosta sobre el posible derrumbe de su economía en EEUU y la de sus familiares en Honduras, a quienes apoya con remesas.
Ante una eventual cancelación, sus opciones son «huir de la migra» (se refiere a la vida ilegal en la calle), o buscar empleo «encerrada» en mansiones.
Los inmigrantes de Honduras en EEUU son alrededor de 1,2 millones.
El Banco Central de Honduras (BCH) contabilizó al cierre de los primeros 9 meses de 2017 que en remesas del exterior se recibieron 3.303.8 millones de dólares.
Con respecto a El Salvador, país del que proviene el otro grupo grande de beneficiarios del TPS, el gobierno de EEUU amparó a al menos 190.000 refugiados, después de dos terremotos en ese país centroamericano en 2001.
El TPS para salvadoreños es válido hasta el 9 de marzo de 2018; por ello, esperan el anuncio de EEUU a comienzos de enero próximo.
«Si el gobierno cancela el TPS me afectará mucho, porque yo mantengo mi hogar», dijo a Efe Verónica Lagunas, salvadoreña de 39 años, originaria de Soyapango, quien limpia oficinas en Los Ángeles.
«Tengo dos hijos, una niña de 8 años y un varón de 13 que ya está por entrar al bachillerato. Mi esposo casi no trabaja, no está bien de salud», expuso la miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, en inglés).
Lagunas declaró que «regresar a El Salvador no es opción», por la falta de empleos y la «violencia de pandillas«.
«Si deciden deportarnos quizá busque refugio en Canadá o México», declaró.
La comunidad de salvadoreños en EEUU es de un aproximado de 3 millones, quienes según cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, hasta el tercer trimestre de 2017, solo en concepto de remesas familiares, enviaron 3.684.5 millones de dólares.
La canciller hondureña, María Dolores Agüero, y el ministro de relaciones exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, visitan hoy a legisladores y funcionarios del gobierno estadounidense en Washington DC, con el fin de abogar por la regularización migratoria o la extensión del TPS para centroamericanos.
El canciller salvadoreño pidió recientemente en Los Ángeles a sus compatriotas que se unan a la campaña de presión a la Casa Blanca y al Congreso en pro de una prórroga del Estatus de Protección Temporal.
El ministro destacó la importancia para la industria de la construcción, pues un 20 por ciento de centroamericanos especializados en ese campo trabajan con documentos TPS.
