El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recurrido a sistemas de reconocimiento facial para intentar localizar a inmigrantes indocumentados mediante el análisis de las bases de datos de la División de Vehículos Motorizados (DMV) en al menos tres estados, informaron medios locales.
La agencia de control migratorio solicitó el acceso a las bases de datos de las licencias de conducir a las autoridades de Utah, Vermont y Washington, tres estados que expiden este tipo de identificaciones a inmigrantes en situación irregular.
Mientras que las DMV de Utah y Vermont accedieron a que el ICE tuviera acceso a las fotografías de sus respectivas bases de datos, el gobierno estatal de Washington tuvo que emitir una citación a su departamento automovilístico para que cooperase con la agencia federal y aún no ha aclarado si se concedió el acceso solicitado.
En total, más de 12 estados del país, incluidos Nueva York y el Distrito de Columbia, permiten a los inmigrantes irregulares obtener licencias de conducir, siempre y cuando aporten pruebas de su residencia en la región y aprueben un examen de conducción.
La información salió a la luz gracias a Georgetown Law’s Center on Privacy and Technology, una organización dedicada a la defensa de los derechos de privacidad, que reclamó a las autoridades gubernamentales todos los documentos relativos a la operación.
Una de las socias de esta organización, Clare Garvie, denunció en declaraciones al diario The Washington Post que el gobierno federal ha violado de forma «demencial» la confianza de estos migrantes puesto que está empleando en su contra una información que ellos mismos facilitaron pensando que no sería compartida con las autoridades migratorias.
Gracias a esta maniobra, las autoridades del ICE han tenido acceso a las imágenes de miles de inmigrantes que no cuentan con antecedentes criminales.
La tecnología de reconocimiento facial, cada vez más precisa pero aún lejos de ser perfecta, se utiliza para identificar a personas en fotografías o vídeos sin necesidad de que den su consentimiento.
Ni el Congreso ni los gobiernos estatales han autorizado por el momento la implantación de este tipo de control facial que cuenta, además, con el rechazo de numerosas organizaciones por considerar que es una herramienta que puede facilitar ciertos abusos de poder y que en numerosas ocasiones se ve lastrada por sesgos raciales.
El pasado mes de enero, por ejemplo, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) pidió a Microsoft, Amazon y Google -tres de las principales empresas implicadas en el desarrollo de este software- que se comprometieran a no vender su tecnología de reconocimiento facial al Gobierno.
En su carta a los principales responsables de estas empresas tecnológicas, la coalición ya denunció que el reconocimiento facial permitiría a las autoridades «señalar a inmigrantes, minorías religiosas y gente de color», exacerbando «prejuicios históricos y actuales».
A raíz de esta campaña, Google anunció recientemente que no venderá un software de estas características hasta que no se reconozcan los riesgos de la tecnología, una medida a la que se sumó el presidente de Microsoft, Brad Smith.
A pesar de las reticencias, las autoridades federales hace tiempo que vienen empleando los sistemas de reconocimiento facial como una herramienta más de investigación.
Según datos oficiales recogidos por el Post, desde 2011 el FBI ya ha realizado más de 390.000 búsquedas de individuos mediante este sistema.
En una audiencia ante el Congreso celebrada en junio, la subdirectora adjunta del FBI, Kimberly Del Greco, sostuvo que esta tecnología es «fundamental» para preservar las libertades del país y garantizar la seguridad.
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