Centenares de beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se presentaron el miércoles en un tribunal federal de California para pedir que se mantenga el programa eliminado por el presidente Donald Trump.
Inmigrantes de más de 20 estados llegaron al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, para darle un rostro a la demanda que asegura que la administración Trump causará un daño irreparable a sus familias.
«Estoy aquí porque quiero mantener a mi familia unida, creo que todos deberían levantarse para decir qué está bien y qué está mal», dijo Giselle Posada, de 10 años, hija de un beneficiario de TPS en una rueda de prensa frente al tribunal.
La menor es una de las demandantes que el año pasado desafió en una corte federal al Gobierno Trump por poner fin a las protecciones de inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Nepal y Sudán.
La pequeña entró a la audiencia para poner la cara por su padre, Donaldo Posada, un inmigrante hondureño que lleva viviendo más de dos décadas en el país y que perderá su protección y el permiso de trabajo el próximo 2 de enero si los tres jueces del Tribunal de Apelaciones deciden estar del lado de la administración Trump.
«Queremos decirle al presidente Trump y a estos jueces que nuestros hijos ciudadanos tienen derechos en este país, y que ellos solos no podrían sobrevivir. Ellos necesitan a su familia», aseguró Posada, minutos antes de acompañar a su hija, que se mostró valiente al hablar con los medios.
The young #TPSJustice plaintiffs marching towards court ??. pic.twitter.com/TerhLwFdZP
— Nat’l TPS Alliance (@TPS_Alliance) August 14, 2019
El periplo legal para cerca de 400.000 inmigrantes de estos países amparados por el TPS comenzó el año pasado cuando presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito en San Francisco, (California).
El magistrado Edward Chen estuvo de parte de los demandantes al asegurar que terminar con la protección causaría un «daño irreparable» a los inmigrantes y sus familias, por lo que ordenó que se mantuviera el beneficio.
El gobierno decidió apelar la decisión de Chen y trajo el caso al Tribunal de Apelaciones, donde hoy tres jueces escucharon los argumentos en el caso.
Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo que la decisión del panel de tres jueces compuesto por Ryan Nelson, Consuelo M. Callahan y Morgan Christen «podría significar el primer revés en esta batalla legal».
Y es que Nelson y Callahan son jueces de tendencias republicanas. Nelson fue nombrado por el presidente Donald Trump y hoy se mostró incisivo ante la exposición de los abogados que representan a los inmigrantes.
«No estamos tan optimistas porque sabemos que hay mucha politización en esto, por eso quisimos que vieran los rostros de todos los ciudadanos que están siendo afectados con las decisiones del actual gobierno», advirtió Arévalo.
Para Esmeralda Rodríguez, quién viajó desde Nebraska para unirse a las manifestaciones y hacerse presente en la audiencia, su lucha no va a parar hasta que su padre y los demás afectados obtengan un estatus legal permanente.
«No podemos darnos por vencidos, este gobierno tiene que entender que sus políticas están causando división y está perjudicando a estadounidenses como yo», resaltó la joven.
A la manifestación frente al Tribunal llegaron más de 500 beneficiados desde Florida, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Carolina del Norte, entre otros.
Representantes de sindicatos, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y las organizaciones que componen la Alianza TPS se hicieron presentes hasta el final de la audiencia.
Se espera que el panel de tres jueces se pronuncie en las próximas semanas.
Arévalo dijo que desde ya se preparan para apelar la decisión si no los favorece, pero insiste que la lucha también se concentra en el Congreso, donde hay un proyecto pendiente de aprobación que daría una vía a la legalización a los amparados por TPS y por el programa de Acción Diferida (DACA) para indocumentados llegados en la infancia.
Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, en 2018 había más de 436.000 inscritos en el TPS en todo el país, de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).
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