Millones de familias en Estados Unidos que, por la pandemia, recibían asistencia alimentaria de emergencia han quedado al borde del “precipicio del hambre” luego de que el Congreso nacional dejase sin efecto esa ayuda, advirtió una coalición de 600 organizaciones comunitarias.
Al menos 25 estados del país pusieron fin en marzo al incremento de emergencia establecido en marzo de 2020 al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) lo que ha encendido las alarmas de los activistas. Más de una decena de estados ya lo había hecho desde febrero.
«El precipicio del hambre es muy real y está ocurriendo en todo el país a medida que los hogares ven una caída inmediata en el acceso a la nutrición necesaria a través de SNAP, con pocos recursos para llenar ese vacío», dijo Marc Jacobson, director de la coalición Colorado Sin Hambre.
El fin de esta ayuda se produjo en un momento en que los precios de los comestibles aumentaron más del 10% con respecto al año pasado y las familias aún se están recuperando de la pandemia, agregó el activista.
Sostiene que «se avecina una nueva crisis alimentaria», una advertencia que hace parte del informe «Campaña Precipicio del Hambre», recientemente revelado.
Las estadísticas del Departamento de Agricultura (USDA) más recientes indican que 41 millones de personas (12 % de la población de Estados Unidos) enfrenta hambre o inseguridad alimentaria, siendo los más afectados las familias de madres solteras, los niños (22 millones de menores depende de las comidas escolares gratuitas) y los ancianos, especialmente en comunidades inmigrantes.
USDA ubica a Nueva York, California, Texas, Florida e Illinois, en ese orden, como los estados más afectados en números reales (no en porcentajes) en cuanto a personas con hambre. A la vez, Mississippi, Luisiana, Alabama y Nuevo México son los estados con los índices más altos (entre el 17 % y el 18 %) de personas con inseguridad alimenticia.
Simultáneamente, “los bancos de comida y los programas de distribución de alimentos ya han visto un fuerte aumento en la demanda y se muestran ansiosos sobre el futuro de sus servicios”, puntualiza un informe.
Entre las personas que están cerca del “precipicio del hambre” figura Daniel (pidió usar sólo ese nombre), un inmigrante venezolano que llegó a EE.UU. hace dos meses buscando asilo, pero que hasta el momento no ha encontrado ni alojamiento permanente, ni una fuente de ingresos, ni suficiente ayuda alimentaria.
“Somos migrantes. Necesitamos comida. Nos dicen donde la reparten, pero no tenemos cómo ir a buscarla. Tenemos un lugar donde estar, pero no tenemos ni carro ni trabajo. Hemos buscado empleo, pero no nos dan”, relató Daniel.
De hecho, aquellas organizaciones comunitarias locales que durante diciembre y enero pasados ayudaron a los venezolanos recién llegados ahora se ven desbordadas por otros pedidos de ayuda y, a la vez, ya no reciben los fondos municipales que antes recibían.
Por su parte, Silvia (no dio su apellido debido a su situación inmigratoria no resuelta), llegó con su esposo desde América del Sur hace más de dos décadas. El reciente y repentino fallecimiento del hombre la dejó a ella, ya sexagenaria, prácticamente en bancarrota.
“Una iglesia juntó el dinero para el funeral de mi esposo y además me dieron comida cada semana. Yo en mi país era abogada. Ahora soy una viuda indocumentada. No puedo regresar a mi país ni puedo quedarme aquí. Tengo algunas amigas, pero la crisis también las afecta a ellas”, aseveró la inmigrante.
En su reporte, Jacobson instó a trabajar a favor de “un mundo en el que todos los habitantes tengan acceso equitativo a los recursos alimenticios para que puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial.”
En Estados Unidos, esa tarea se ha vuelto más complicada. Desde principios de año, 36 estados han reducido ayuda pública alimentaria y recortado fondos para ayuda de emergencia, informó la organización Pew Trust, que anticipó que otros estados tomarán medidas similares a partir de mayo próximo, con nuevos recortes presupuestarios en 2024. (Con información de EFE)
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