Inmigrantes y activistas pidieron al Parlamento de Nueva York que apruebe durante su legislativa un proyecto que otorgaría licencias de conducir a indocumentados, como ya lo han hecho 12 estados, Puerto Rico y el distrito de Columbia.
Los grupos regresaron el martes a Albany, sede del Gobierno del estado neoyorquino, como parte de la intensa campaña que realizan en busca de hacer realidad ese sueño, que beneficiaría a unos 750.000 indocumentados que se estima viven en el estado.
Esperan que ahora, en que los demócratas dominan la Asamblea y el Senado, los vientos favorezcan la iniciativa, presentada el pasado enero por el asambleísta Marcos Crespo y el senador Luis Sepúlveda, si bien aún no cuenta con el apoyo para que sea incluido en la discusión del presupuesto, que comenzará a principios de abril.
Ambos legisladores aseguraron a los inmigrantes que hay «racistas» que no entienden su aportación a la economía del país y este estado.
«Los que se oponen son las fuerzas racistas que no entienden que los inmigrantes contribuyen con más de mil millones de dólares al estado y gobiernos locales y reciben muy pocos beneficios», dijo Sepúlveda a los inmigrantes, que entre gritos de «sí se puede» o «aquí estamos y no nos vamos», exigían el carné de conducir en Albany.
Este es un proyecto, que cuenta con el apoyo de 59 de 150 asambleístas y de sólo 18 de 63 senadores, que beneficiaría mayormente a los que viven en zonas rurales o suburbanas que no cuentan con un sistema de transporte masivo o es limitado.
Precisamente Víctor Cortés, un obrero agrícola, contó lo que vivió cuando tuvo un accidente de trabajo y no pudo ir a un médico por no tener cerca un sistema de transporte masivo.
«Tuve que parar de trabajar. Tenía que ir al doctor pero no pude porque no tenía licencia. Tuve que soportar el dolor toda la noche y el día siguiente y no fue hasta el siguiente día que conseguí a alguien que me llevara», recordó, además de destacar que muchas fincas agrícolas y lecherías están en lugares alejados.
«Yo gano el salario mínimo de 10 dólares la hora y si alguien nos cobra 50 ó 60 dólares (por el transporte) ¿cuánto nos queda? Imaginen las familias que tienen niños que llevar a la escuela y el médico. No es justo», argumentó.
«Pedimos al estado sólo un poquito de lo que le damos», afirmó.
Mientras que Crespo y su nueva colega asambleísta Catalina Cruz destacaron sus propias experiencias como hijos de indocumentados al recordar lo que sus padres sufrieron.
Crespo destacó que de convertirse en ley significarán entre 50 y 60 millones de dólares en ingresos al estado y además bajaría el coste del seguro para los coches a los neoyorquinos.
«No pedimos un beneficio nuevo sino la restauración de una ley que siempre estuvo ahí para la comunidad y es importante que demos ese mensaje» a los «racistas» que se oponen, indicó Crespo, de madre puertorriqueño y cuyo padre era un marino mercante peruano, que llegó a este país indocumentado escondido en una embarcación.
Se refirió a que indocumentados tenían carnés en Nueva York pero en el 2002, tras los atentados terroristas del 11S, el gobernador George Pataki impuso el requisito de seguro social para tener o mantenerlo, lo que llevó a que miles perdieran el permiso, entre ellos Dalila.
La trabajadora recordó que en mayo pasado fue arrestada y su coche confiscado tras no detenerse en un pare.
Cuando el policía le pidió la licencia no la pudo mostrar y tras arrestarla fue entregada a las autoridades de Inmigración, que la mantuvo cerca de tres meses encarcelada.
Aseguró que fue una experiencia «traumática» tanto para ella como para sus hijos.
La asambleísta Cruz, quien recordó como ella y su madre, ambas indocumentadas cuando llegaron a Nueva York, fueron «humilladas» criticó también a sus colegas demócratas en el Parlamento.
«No le podemos echar la culpa a republicanos de que no tenemos control (del Senado). Ya no se puede echar la culpa a nadie», dijo y señaló además a sus colegas en la Asamblea que «todos tenemos constituyentes indocumentados. Quieran o no, estamos en todas partes».
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