Por: Sandra Pizarro Torres
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“Los temas legales son tan importantes, las personas no pueden basarse en lo que les dicen los demás, o el vecino. Cada caso es diferente. Cada persona debe buscar ayuda legal”, destacó Keiko Cervantes-Ospina, abogada de la organización Defensores legales comunitarios de NY (Community Legal Advocates of NY) y una de las cuatro panelistas que hablaron en vivo para Noticia sobre el polémico tema de “carga pública” el jueves 17 de octubre.
Junto a ella también participaron de la conversación exclusiva: Cheryl Keshner, paralegal de Empire Justice Center; Victoria Hernández, organizadora de SEPA Mujer y Osman Canales, director de servicios en español del Centro de Long Island por una Vida Mejor, Inc. (Long Island Center for Independent Living, Inc.- LICIL), quienes dejaron un mensaje en claro: “Las personas no deben temer ante los cambios propuestos por la Administración Trump en cuanto a los beneficios públicos”.
“La nueva medida fue paralizada por dos jueces federales que emitieron una orden de influencia nacional para evitar la entrada en vigor el 15 de octubre de la ley referente a la carga pública”, dijo la abogada Cervantes-Ospina.
Sin embargo, recalcó que a la hora de ajustar la residencia siempre el gobierno de los Estados Unidos ha mirado que las personas no se vayan a convertir en una “carga pública” para el país, y que eso no solo lo determinan las ayudas que recibe, sino también si tiene buena salud, si trabaja, si sabe inglés, entre otros factores que son analizados en casos independientes.
“La gente debe saber que la ley de carga pública siempre ha existido pero solo consideraba asistencia en efectivo (TANF, SSI) o Medicaid (no por emergencia). El gobierno quiso implementar en esta norma los Cupones por Alimentos (SNAP) y la Sección 8”, explicó.
Miedo a pedir beneficios
Para Keshner aunque la ley fue detenida, aún se percibe temor dentro de los inmigrantes. “La orden está detenida y las personas que lo necesitan pueden seguir aplicando para beneficios porque no les va a afectar. De igual manera, hay equivocación con el tema del WIC (beneficios para mujeres y niños), este beneficio es estatal y no afecta en un futuro a las personas que quieran ajustar un estatus legal”, recalcó.
Keshner también insistió que los inmigrantes que necesiten ir al hospital, al médico y aplicar para un Medicaid de emergencia, lo pueden hacer porque no afectaría en un futuro su legalización. “El Medicaid de emergencia no cuenta en este cambio, aunque procediera”, indicó.
Por su parte, Canales agregó que “las personas no deben tener miedo de ir al departamento de servicios sociales a pedir ayuda o beneficios, ellos no pueden por ley compartir información con ningún otro departamento, ni con inmigración”, recalcó.
A su vez, Victoria Hernández, organizadora de SEPA Mujer afirma que desde un principio su organización ha trabajado para educar a la comunidad ante este tema de carga pública y además firmar cartas que presionen al gobierno a desistir de estos cambios, pero se han encontrado con una comunidad confundida ante el asunto.
“Sin entrar los cambios en vigor las personas ya estaban asustadas, ya no querían o quieren aplicar para beneficios por temor a que el día de mañana sean rechazados para una residencia, y ese miedo continúa”, declaró.
Hijos ciudadanos tienen derecho
“Tenemos en la comunidad familias con estatus legales variados, pero el caso del padre no afecta al hijo ciudadano, ni lo que beneficie al hijo afecta la legalización del padre”, enfatizó la abogada Cervantes-Ospina.
Según estos especialistas en trabajo comunitario, los padres se están limitando de pedir ayuda para sus hijos por la idea equivocada de que ellos se afectarían, olvidando que los ciudadanos tienen todo el derecho de pedir beneficios federales y estatales.
“Como director de servicios en español nosotros ayudamos a las personas a aplicar para beneficios y desde que se empezó a mencionar el tema de carga pública, algunos casos de padres con hijos ciudadanos manifestaron tener miedo y querer cortar los cupones de alimentos o el Medicaid de su hijo para que no le afecte a ellos”, señaló Canales.
Buscar ayuda adecuada
Aunque los cambios en la norma de carga pública están detenidos por ahora, el gobierno de EE.UU. va a apelar, la respuesta puede ser rápida o tomar tiempo, pero el consejo final de los especialistas es que las personas que tienen dudas busquen asesoría legal o apoyo de organizaciones comunitarias.
“Es más confiable por la guía de las organizaciones comunitarias porque nosotros estamos en comunicación constante y podemos saber quien lo ayude”, dijo la activista Hernández.
“Hay abogados que abusan de la comunidad latina y es importante que la gente busque la ayuda indicada”, resaltó Canales.
“Estamos para ayudarlos, ese es nuestro objetivo, las personas se pueden comunicar con nosotros y ser orientadas de una manera honesta”, remarcó Keshner.
“Cada persona debe informarse con alguien que tiene una reputación ética y ver lo que es mejor para ellos, porque una sola cosa puede cambiar por completo el trámite legal de una persona”, puntualizó la abogada Cervantes-Ospina.
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