Un juez federal de San Antonio (Texas) bloqueó hoy temporalmente la ley que busca prohibir las «ciudades santuario» en ese estado sureño, que tenía que entrar en vigor este viernes, mientras estudia su constitucionalidad.
El magistrado, Orlando García, ordenó el bloqueo de la ley SB4 que obligaba a las autoridades locales de todo el estado a colaborar con los agentes federales de inmigración y les permitía indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada de tránsito.
Además, la legislación penaliza a los agentes e instituciones que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con posibles multas -entre 1.000 y 25.000 dólares-, despidos y penas de cárcel.
La decisión judicial representa una victoria parcial para la decena de condados y ciudades, entre ellas Austin, Dallas, Houston, San Antonio y El Paso, que iniciaron una batalla legal contra el estado para frenar la medida.
Muchos condados y localidades fronterizas con México, lugares donde los hispanos son mayoría, también se habían unido al litigio contra esta ley.
La parte demandante, sin embargo, ya espera que el estado recurra el fallo y continúe la batalla legal, que presumiblemente llegará hasta al Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora.
«Esto es una gran victoria para nosotros, pero es el primer paso en esta larga pelea por los derechos de nuestra comunidad en Texas», señaló en declaraciones a Efe el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Roger C. Rocha.
El líder de esta organización, que forma parte de la demanda, recordó que la SB4 es una ley «discriminatoria» que fomenta los perfiles raciales entre los cuerpos policiales y desprotege los derechos de cualquier persona no blanca.
El congreso estatal aprobó esta polémica ley y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, la ratificó en mayo después de declararla como prioritaria al inicio de la sesión legislativa.
El alcalde de la capital de Texas, Austin, el demócrata Steve Adler, también celebró la decisión del juez en un comunicado y declaró que si se implementa la ley SB4 haría de su ciudad un lugar «menos seguro».
«La crisis de esta semana con el huracán Harvey es solo un ejemplo más de porque la gente necesita sentirse segura para colaborar con las autoridades locales, sin importar su lugar de origen o sus documentos», expresó Adler, una de los mayores opositores a la ley.
Precisamente, los promotores de esta legislación sostienen que la seguridad pública es una de las bases de la SB4, que aseguran tiene como objetivo devolver a los criminales indocumentados a sus lugares de nacimiento.
Con la decisión tomada hoy por el juez García, la ley no entrará en efecto el próximo viernes 1 de septiembre, tal como estipulan las reglas de la legislatura texana.
