La juez que está al frente del caso sobre la deportación del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador pese a tener un estatus legal en Estados Unidos reprochó al Gobierno de Trump no haber «hecho nada» para facilitar su vuelta y ordenó una investigación exhaustiva sobre sus acciones.
Así lo señaló la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde apuntó que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados, según recogieron medios presentes en el juzgado.
«A fecha de hoy (…) no se ha hecho nada», indicó la jueza. «He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena».
El salvadoreño Ábrego García es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad para terroristas (CECOT) sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
A pesar de que el Tribunal Supremo estadounidense emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye a la Administración Trump a «facilitar» el retorno del inmigrante salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado a hacerlo.
Durante una reciente visita a la Casa Blanca, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se negó a liberar a Ábrego García, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que llevarlo de vuelta a Estados Unidos sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno del republicano Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego García al tribunal alegando que el acuerdo entre San Salvador y Washington es «clasificado» y limitándose a informar de que el hombre de 29 años está vivo.
Ante esto, la jueza Xinis instruyó al gobierno estadounidense a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso.
«No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan» indicó a los abogados del Ejecutivo.
Cabe recordar que el salvadoreño Kilmar Ábrego García, que fue arrestado por autoridades migratorias tras una parada de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Residía en el estado de Maryland tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El gobierno de Trump ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Bukele para enviar a inmigrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario. Se ha reportado que sería 20 mil dólares al año por cada inmigrante recluido en esa cárcel centroamericana.
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