El juez federal Dana Sabraw, que decidió mantener el freno temporal a las deportaciones de familias inmigrantes recién reunificadas, optó por dar más tiempo a las partes para que acuerden si esas reuniones se hacen o no en el país.
En una audiencia celebrada en una corte de San Diego, el magistrado pidió al Gobierno de EE.UU. y a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la parte demandante, un acuerdo sobre el lugar de las reunificaciones que restan, luego de que algunos padres deportados han pedido regresar a EE.UU. para pelear su solicitudes de asilo.
La audiencia ocurre luego de que el juez anunciara su decisión de mantener el freno temporal a las deportaciones de familias inmigrantes recién reunificadas, con el fin de dar oportunidad a que los menores también puedan presentar peticiones de asilo.
En un informe presentado en la corte, el equipo legal de ACLU objetó que la Administración de Donald Trump asuma que todos los reencuentros se realicen en el país de origen de los inmigrantes.
Este organismo insiste en que algunos de ellos pudieron «no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que al hacerlo podría demorar o evitar la reunificación». Si bien, el magistrado Sabraw no tomó una decisión al respecto en la audiencia, se mostró inclinado a que las reunificaciones se realicen en el país en donde se encuentran los padres.
«Desde un punto de vista práctico me parece que está dentro del mejor interés de la familia que está buscando la reunificación y, bajo las circunstancias actuales, que ésta se de en el país de origen», señaló ante los abogados de ambas partes que participaron vía telefónica.
Pendiente de que ambas partes se reúnan y discutan el sitio de las reunificaciones, el juez aprobó la actualización presentada del plan elaborado por funcionarios federales para entregar a los más de 500 menores que continúan bajo su cuidado, 24 de ellos menores de cinco años, y entre los que figuran 366 cuyos padres ya no se encuentran en el país.
Dicho plan fija, entre otros aspectos, procesos para ubicar a los padres fuera del país, evaluar su situación como padres y determinar si es que quieren reunirse con sus hijos, además de que el Gobierno organice el viaje de los menores y que a éstos no se les impida en el futuro su derecho a solicitar asilo.
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