Tepesianos en vilo. Los magistrados de la Corte Suprema parecieron renuentes a permitir que los inmigrantes indocumentados que han obtenido estatus de protección temporal (TPS) soliciten la residencia permanente sin salir de los Estados Unidos.
En reciente audiencia telefónica, los jueces escucharon argumentos en el caso de una pareja de salvadoreños, amparados por TPS, cuya solicitud de residencia permanente («Green Card») ha sido avalada por tres tribunales federales de apelación y rechazada por otros tres.
El juez Brett Kavanaugh dijo a una de los abogados que representan a José Sánchez y Sonia González que tenía una «brega cuesta arriba» para argumentar que la ley de inmigración permite que sus clientes gestionen la residencia.
«Tenemos que ser cuidadoso al interpretar las leyes de inmigración tal como están escritas, en particular cuando el Congreso ha tenido, como en este caso, un papel primordial», agregó.
El gobierno del presidente, Joe Biden, sostiene, en este caso, la misma posición que el de su predecesor, Donald Trump, según la cual la ley federal exige que quienes soliciten la «Tarjeta Verde» han de ser «inspeccionados y admitidos» en el país.
En Estados Unidos hay más de 400.000 ciudadanos de más de una docena de países a los cuales se les ha otorgado el TPS, una situación que les ampara de la deportación y les permite trabajar, y que se renueva cada unos 18 meses a criterio del Gobierno.
Los «Tepesianos», algunos de los cuales ingresaron ilegalmente a EE.UU. son, en su gran mayoría, oriundos de América Central y la mitad de ellos ha vivido en suelo estadounidense por al menos dos décadas.
Deben salir de EEUU
En el caso sobre el cual los magistrados del Supremo escucharon argumentos, los salvadoreños alegan que lo estipulado por el Congreso para el ajuste de su estatus demuestra la intención de los legisladores de considerarlos como «ya admitidos» en el país.
El Gobierno por contra alega que el Congreso creó el programa TPS con el propósito específico de dar residencia temporaria a personas de países afectados por desastres naturales o conflictos violentos, y que los «Tepesianos» que entraron al país ilegalmente deben salir de Estados Unidos para solicitar la «Tarjeta Verde» o residencia permanente.
La decisión del Gobierno de defender ante la Corte Suprema esta apelación ya recibió críticas por parte de abogados de inmigración y expertos.
Uno de ellos es la abogada de un centro migratorio de la universidad de Georgetown Hannah Mullen, que consideró en su cuenta de Twitter que la Admninistración Biden tenía «enteramente a su discreción» cambiar la posición del Departamento de Justicia y no lo hicieron, tal y como sí ocurrió en casos migratorios como la «carga pública» o la Acción Diferida (DACA).
Tribunal de Apelaciones
En diciembre de 2018, el Tribunal de Distrito Federal en Nueva Jersey validó el argumento de los demandantes, según el cual la ley estipula que si los beneficiarios del TPS están casados con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos mayores de 21 años que hayan nacido en EE.UU. pueden obtener la residencia permanente solicitada por su cónyuge o hijo.
El Gobierno apeló ese fallo y el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito anuló esa decisión, sumándose a decisiones similares en los tribunales de apelación de los distritos federales quinto y undécimo.
Pero los tribunales de apelación de los distritos federales sexto, octavo y noveno adoptaron la opinión contraria, apoyando la demanda de Sánchez y González. Las decisiones de los tribunales federales se aplican sólo al territorio de su jurisdicción y la Corte Suprema de Justicia, que aceptó ocuparse del asunto el 8 de enero, podría dar su fallo antes de julio.
El programa TPS, que ahora cubre a inmigrantes de 10 países, les protege de la deportación y les otorga permisos de trabajo.
Según las cifras del Centro Pew, el TPS para El Salvador, creado a comienzos de 2001, ampara actualmente a 247.412 personas, y el de Honduras, establecido en 1998, cubre a 79.290 personas.
El TPS para Haití, establecido en enero de 2011, ampara a 55.218 personas y el de Nicaragua, creado en 1998, protege a 4.409 personas.
Las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán vencen el 4 de octubre próximo; las de Somalia y Yemen en septiembre; la de Sudán del Sur expira en mayo de 2022 y la de Siria en septiembre de 2022.
A ellos se les sumaron los venezolanos, después de que el pasado 8 de marzo Biden anunciase un TPS para unos 320.000 inmigrantes de ese país latinoamericano.
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