Perla Canales ha vivido los últimos 20 años de su vida en los Estados Unidos, ha declarado impuestos, adquirido bienes personales y visto crecer a sus hijos, todo amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Pero su vida cambió totalmente hace pocos meses cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció el fin del programa TPS para los hondureños. Así Canales pasó de ser una persona con una vida normal a una mujer asustada que ha recibido apoyo del sindicato 32 BJ.
“Cuando supe que me quedaría sin TPS lo primero que pensé fue en el hecho de perder mi trabajo de años”, dijo Canales, quien labora para una compañía de limpieza comercial, que le da beneficios y por medio de la cual pertenece a la 32BJ, una unión de trabajadores de limpieza industrial y comercial en la ciudad de Nueva York, Long Island y Staten Island.
“En mi trabajo no sabían que yo tenía TPS y menos que era una de varias empleadas que está a punto de quedar sin un permiso de trabajo. Aunque sentí miedo, decidí buscar ayuda en la 32BJ y relatar mi verdad”, destacó Perla, quien no solo consiguió el respaldo de la 32 BJ para ella, también para muchos de sus compañeros y por la cual este sindicato decidió exigirle a los políticos el apoyo a una legalización.
Presión para buscar soluciones
“En la 32 BJ tenemos muchos miembros que tienen TPS, casi todos con miedo de hablar públicamente de su caso. Somos conscientes que si estas personas pierden su estatus, será una pérdida para la familia, para sus comunidades y para las empresas”, dijo Carolina González, representante de la 32 BJ y a quien la Unión le dio la misión de promover una campaña de apoyo a los trabajadores con TPS y hacer presión para buscar soluciones rápidas.
“Representamos personal de mantenimiento en espacios comerciales y guardias de seguridad en Long Island, para nosotros como Unión fue un nuevo desafío las órdenes del presidente Trump de terminar con el TPS”, recalcó González, quien junto a Canales se han dedicado a tocar puerta por puerta las oficinas de los senadores y congresistas que representan las áreas en Long Island donde los trabajadores con TPS viven y trabajan.
“Para ellos ha sido una sorpresa vernos en sus oficinas, al principio demostraban tener muy poco conocimiento acerca de lo que representa el TPS, después de mucha insistencia han comentado que apoyarían una legalización para personas que llevan muchos años con TPS, ojalá no se queden en promesas”, destacó González.
Salvadoreños están más unidos
Perla Canales, quien durante años ha podido beneficiarse del TPS pasó de un miedo personal a una lucha común.
“Me empecé a dar cuenta que los hondureños no nos hemos unido ante el tema del TPS, no hay organizaciones que traten de luchar por la legalización de los hondureños”, relató, y fue por esa razón que encontró apoyo en la comunidad salvadoreña.
“Los salvadoreños están muy organizados ante el tema del TPS, tienen grupos de apoyo a tepesianos en varios pueblos de Long Island y de todo Estados Unidos, muy diferente a nosotros los hondureños, quienes preferimos no salir a la luz pública”, comentó Canales, la cual participa en todas las actividades que los salvadoreños hacen para pedir apoyo al TPS y evitar que el gobierno lo cancele.
Canales, no es la única hondureña que se ha unido a los salvadoreños residentes en Long Island que tienen TPS y se han organizado para pedir una legalización. “Somos varios los que nos hemos integrado con los salvadoreños, no nos consideramos de diferentes países porque tenemos una lucha en común y es la legalización, todos somos tepesianos”, recalcó.
Casi 12 mil hondureños con TPS en L.I.
De acuerdo al Centro de Estudios Migratorios de Estados Unidos cerca de 11,995 hondureños amparados bajo el programa de protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) viven y trabajan en Long Island. Los cuales tienen hasta el 5 de enero de 2020 para regular su situación o abandonar el país.
Recientemente la cancelación del TPS para Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán quedó temporalmente suspendida por orden de un juez federal.
“Me alegra mucho por mis hermanos tepesianos. Los hondureños aún no tenemos ninguna esperanza y nuestro gobierno no hace nada para ayudarnos aquí en Estados Unidos, por eso es necesario que sigamos pidiendo al congreso que nos apoye, de lo contrario nos tendremos que ir”, puntualizó Perla Canales.
